Madrid, 8 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no han llegado a un acuerdo para imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios de forma unitaria en todo el país.
Según ha informado Sanidad, el Ministerio ha trasladado a las comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un documento al que las comunidades deberán presentar sus alegaciones en las próximas 48 horas, y que rebaja la obligatoriedad solo a centros sanitarios, y lo deja en recomendación en centros sociosanitarios y farmacias.
Fuentes de Sanidad han informado de que la propuesta del Ministerio pretende ofrecer “el mismo nivel de protección para todos los ciudadanos” y dar cobertura legal a las comunidades que ya lo han decretado (Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia).
En un audio remitido a los medios, la ministra Mónica García ha señalado que en el encuentro, celebrado de manera telemática, se ha reflexionado sobre el uso de esta medida que ha considerado “efectiva y de sentido común” y que, además, está avalada por la evidencia científica y “es bien recibida por la población”.
García ha informado de que en la reunión el Ministerio ha recogido la iniciativa de algunas comunidades para que la obligación de su uso se ampliase a las farmacias y ha insistido en la necesidad de dar soporte jurídico a las comunidades “de diferentes colores políticos que ya han introducido la obligatoriedad en sus sistemas sanitarios”.
“Hemos aprendido tras las pandemia y no nos resignamos a las cifras prepandemia”, ha dicho la ministra que se ha comprometido a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud a toda la ciudadanía.
El Consejo se había reunido hoy en sesión extraordinaria y a petición de Sanidad para “unificar criterios” ante el repunte de la gripe y otros virus respiratorios y coordinar medidas homogéneas en todo el país.
En la reunión, Sanidad también ha trasladado a las comunidades que estudia junto a otros ministerios que se pueda autojustificar la baja por enfermedad leve los tres primeros días a fin de no burocratizar más la Atención Primaria.
García ha explicado que se trata de una autodeclaración responsable que se traslada al médico, quien hace de intermediario de alguna manera.
En declaraciones a TVE, la ministra ha insistido en que es una medida demandada por la Atención Primaria desde hace décadas si bien no ha dado una fecha para su implantación, dado que “queda por hablar con muchos actores, y ver las consecuencias”.
Se trata, ha incidido, de quitar trabajo a los profesionales de Atención Primaria “que deberán centrarse en aquellos procesos que añadan un valor a su día a día, ello destensaría mucho el sistema”.
Ha explicado que Sanidad está en conversaciones con los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, y se valorará con la evidencia científica para ver su aplicación. También ha reconocido que queda por hablar con los empresarios.
