La prohibición del uso de teléfonos móviles en los colegios públicos y concertados de Baleares se aplicará a partir del curso escolar 2024/2025 y vendrá acompañada de un plan de adicciones a pantallas digitales, como el puesto en marcha por la Comunidad de Madrid.
El conseller de Educación, Antoni Vera, ha avanzado este miércoles que la prohibición del uso de móviles se desarrollará a través de un decreto o de una orden que su departamento está confeccionando.
Vera ha mantenido un encuentro este miércoles sobre este tema con sindicatos y directores de centros, que tendrán hasta el día 31 de enero para realizar sus propuestas.
Por razones jurídicas, la norma no impedirá que los alumnos puedan llevar los celulares a los colegios o institutos, pero sí se prohibirá su uso, salvo por razones pedagógicas. Los profesores tampoco podrán supervisar el contenido de los aparatos.
El decreto u orden estará unido al desarrollo de un plan para prevenir de manera precoz las adicciones a las pantallas -internet, redes sociales y teléfonos móviles-, similar al diseñador por la Comunidad de Madrid.
El conseller se ha referido a la necesidad de contar con un plan que sirva para detectar este problema en las aulas y ayudar a alumnos, docentes y familias.
“Baleares no puede quedar atrás” ante el fenómeno del uso de los móviles y aparatos electrónicos entre el alumnado, ha dicho Vera.
En este contexto, el titular de Educación ha solicitado la colaboración de los representantes de sindicatos, profesores y asociaciones de padres para limitar el empleo de móviles en los centros, salvo que sean necesarios por motivos pedagógicos.
Durante el encuentro celebrado este miércoles, la Inspección Educativa de Baleares ha puesto sobre la mesa los problemas y las “muchas tensiones” que las nuevas tecnologías están causando en las aulas, un problema que también se está trasladando a los hogares.
Los sindicatos comparten la filosofía de Educación sobre el tema de los móviles, pero exigen un marco jurídico claro que ampare a los centros y a los educadores.
Desde el STEI, Vicenç Garcia, ha dicho que el “plan de móviles” del Govern no refleja la actual realidad social, por lo que este proyecto lo debería redactar una mesa de expertos. Además, debe ir acompañado de una memoria económica y en ningún caso debe recaer “toda la responsabilidad sobre los centros”.
“El mantra de la conselleria de la supuesta autonomía pedagógica termina siendo un cajón desastre donde los (últimos) responsables son los centros y los profesores, lo que no es así”, ha criticado.
El presidente de ANPE Illes Balears, Víctor Villatoro, ha defendido que la conselleria debe aprobar una normativa específica que respalde a los profesionales que pase por el “filtro” de la Mesa Sectorial de Educación.
Bernat Rosselló, de UOB Ensenyament, ha exigido que “dentro” de los centros educativos hay que “prohibir los móviles” y en ningún caso “limitar” su uso, al tiempo que ha reivindicado unas directrices “claras” por parte de la conselleria, que no debe “ampararse” en la libre autonomía de las escuelas.
Desde UGT-Ensenyament, Tino Davia, ha calificado de positiva la intención de la conselleria porque es “necesario poner hilo a la aguja de un problema real” en las aulas.
Es un asunto al que “hay darle una solución” y que es uno de los “mayores focos de conflicto”, ha añadido Davia, que también ha reivindicado una normativa “bien clara”.
