Palma, 22 abr (EFE).- El Govern abrirá un proceso de regularización extraordinario durante 3 años para construcciones ilegales en suelo rústico, en los casos donde la administración haya perdido el derecho de restablecer la legalidad urbanística por prescripción, ha anunciado el vicepresidente Antoni Costa.
“No será una amnistía porque se tendrá que hacer proyecto, pagar impuesto de construcción y gastos tributarios y además hacer un pago extraordinario en forma de sanción, que no será estrictamente una sanción”, ha explicado Costa en una rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta del borrador del decreto ley de Simplificación y Racionalización Administrativas que el Govern aprobará en semanas.
Ha detallado que para poder legalizar las construcciones “habrá exigencias medioambientales y de eficiencia energética” y ha precisado que hay construcciones en suelo rústico protegido cuya ilegalidad “no prescribe nunca” y “que no se podrán acoger porque la administración no habrá perdido el derecho a restablecer la legalidad”.
“Una cosa es que haya prescrito la infracción, y por tanto la sanción, y otra que haya prescrito el derecho de la administración a restablecer la legalidad urbanística y no siempre son 8 años”, ha advertido.
La regularización también es para construcciones como piscinas, garajes o porches si “está fuera de ordenación y ha prescrito el derecho a restablecer la legalidad”, ha dicho el vicepresidente.
Costa ha añadido que la regularización afecta a edificaciones pero “no se prevé la legalización de usos”.
Ha afirmado que no se restringirá que los propietarios puedan vender la propiedad que legalicen o la destinen a alquiler de larga duración, pero sobre el alquiler turístico ha afirmado: “Veremos el texto definitivo. Es más probable que no, que que sí. Lo más probable es que no se pueda destinar a alquiler turístico”.
El también conseller de Economía ha dicho que hay “muchos lugares” de Baleares donde no es posible obtener autorización administrativa para alquiler turístico por la zonificación y ha mencionado que “en un plurifamiliar de toda Ibiza no se puede hacer alquiler turístico, y en las viviendas de obra nueva que no tengan una antigüedad de más de 5 años, tampoco”.
Con el decreto, el Govern suprimirá la Comisión Balear de Medio Ambiente y la mayoría de los informes que hasta ahora era prescriptivo solicitar a la Dirección de Recursos Hídricos, que ha descrito como “los principales cuellos de botella” de la administración autonómica.
Los informes medioambientales los harán “desde perspectiva exclusivamente técnica y con un órgano unipersonal” para que la respuesta sea “mucho más rápida que ahora”. Los llevarán a cabo “los mismos técnicos que hasta ahora, pero después no habrá una comisión que introduzca criterios que no sean técnicos”.
En cuanto a Recursos Hídricos, el decreto incluirá “medidas para que no en todos los casos se tenga que pedir informes a Recursos Hídricos, y en aquellos casos en que en el 99 % de las veces era una respuesta favorable por ser una cuestión menor, directamente se ha eliminado la necesidad de pedirlo”.
Se permitirá a los ayuntamientos externalizar la concesión de licencias urbanísticas de obra nueva por medio de la figura de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), un sistema “que funciona bastante bien en Madrid”. Harán informes técnicos y jurídicos, reduciendo los plazos de concesión de licencias.
Costa ha puntualizado que la externalización se hará con entidades homologadas, que cumplan criterios por los que puedan hacer los informes “que sirvan para que los ayuntamientos no tengan que hacer este trabajo y facilite a los técnicos dar las licencia de forma mucho más rápida”.
El vicepresidente ha recalcado que es un sistema voluntario, al que se podrán acoger los ayuntamientos que lo consideren oportuno y los ciudadanos que quieran, pero la vía ordinaria de solicitud de licencia seguirá vigente.
El decreto suprimirá las peticiones de cédula de habitabilidad de primera ocupación a los consells, limitándolas a las licencias municipales que se solicitan a los ayuntamientos.
En transición energética, la novedad es la declaración de interés general para agilizar la implantación de infraestructuras de almacenaje, y se suprime la autorización previa para proyectos fotovoltaicos inferiores a 500 KW (hoy en día es por debajo de 100 KW).
Entre las principales medidas del borrador del decreto de simplificación figura también la creación de un registro y una “historia social y sanitaria única” que facilite el acceso a ayudas “con el cruce de datos” y que permitirá que las personas con un diagnostico de salud mental reciban tratamiento sin requerir antes un certificado de discapacidad.
El Govern pretende aprobar el decreto de simplificación “cuanto antes posible”, pero Costa ha dicho que tiene una extensión de 200 folios, afecta a más de 50 normas de la comunidad autónoma, algunas de las cuales derogará, es técnicamente complejo. Ha dicho que “los técnicos de las conselleries están trabajando intensamente para poder acabar el documento porque los detalles técnicos son importantes”.
Considera que el texto está “bastante avanzado” y que será aprobado “en las próximas semanas”, después de “darlo a conocer a la sociedad civil”.
El vicepresidente ha recalcado que recalcado que el objetivo “es reducir trámites, burocracia y papeleo y dar seguridad jurídica a los trámites” y ha asegurado que “ha habido retardo intencionado en algunos órganos de la administración de la comunidad”, en los que, con esta norma, la administración “no eternizará la respuesta”.
El decreto tiene tres ejes: simplificar la normativa eliminando el exceso de burocracia y acabando con duplicidades; la simplificación de trámites (la comunidad tiene en la actualidad más de 6.000 trámites en vigor), tras un análisis pormenorizado y con espíritu crítico, procedimiento por procedimiento; y la digitalización de procesos.
