Palma, 24 may (EFE). – El Consell de Govern ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Racionalización Administrativas de las Administraciones Públicas de las islas, con el fin de que el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos.
El ejecutivo autonómico, que también pretende facilitar la atracción de inversiones en las islas que permitan la generación de oportunidades, ha modificado el texto total o parcial de unas cincuenta leyes y decretos ley, con más de 170 cambios en los diferentes articulados, como ha explicado el portavoz, Antoni Costa, en una rueda de prensa.
Este decreto ómnibus de medidas urgentes actúa sobre los principales atascos burocráticos de la Administración, de modo que, como ha indicado Costa, suprime la Comisión Balear de Medio Ambiente, pese a la solicitud de diversas entidades ambientales de las islas que han abogado por mantenerla en marcha.
El portavoz autonómico ha dicho que, a partir de ahora, los informes de impacto ambiental se evaluarán desde una perspectiva estrictamente técnica y se dará el visto bueno, o no, en un tiempo razonable, eliminando las interferencias políticas.
Pasará a operar como un departamento técnico, con lo cual se adoptará el modelo de la mayoría de comunidades autónomas y se integrará en la actual Dirección General de Coordinación y Armonización Urbanística, que pasará a denominarse Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental.
En materia de recursos hídricos, esta ley reduce los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la Dirección General correspondiente.
En los ámbitos de vivienda y urbanismo, una de las principales medidas nuevas es que se facilita una agilización de las licencias urbanísticas municipales y se da la opción de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que emitirán los pertinentes informes técnicos y jurídicos, y de este modo conseguir reducir los plazos de la concesión de estas licencias.
El Govern también ha eliminado la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulares, y se deja como base la licencia municipal de primera ocupación, dado que había una evidente duplicidad.
En el caso de los servicios sociales, se crea un historial social único, un registro unificado que permitirá garantizar una atención integral efectiva y agilizar, por ejemplo, el acceso a las diferentes ayudas a partir del cruce de los datos, informaciones y conocimientos de los dos ámbitos para evitar duplicar el papeleo que se requiere, avanzar en la digitalización y establecer un modelo de coordinación asistencial de la cronicidad y la dependencia.
Las personas que acrediten un diagnóstico de enfermedad mental a partir de un informe médico no necesitarán obtener el certificado de discapacidad para acceder a las ayudas sociales y en la red de entidades sociales de las islas.
Asimismo, se establece la declaración de interés general que agilizará la tramitación de proyectos de transición energética, como puntos de recarga de vehículos eléctricos o instalaciones de almacenamiento, lo que, como ha remarcado Costa, simplificará el procedimiento administrativo y reconocerá la utilidad pública de estos proyectos.
El Decreto ómnibus también prevé que las edificaciones, construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación, respecto de los cuales a la entrada en vigor de este Decreto Ley ya no proceda adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, se podrán legalizar con carácter extraordinario en un plazo máximo de tres años.
Esta medida se dirige únicamente a edificaciones, construcciones e instalaciones contra las cuales la administración ya no puede actuar, porque se trata de infracciones prescritas, contra las cuales ya no es posible una sanción ni el restablecimiento de la legalidad urbanística. La medida incorpora la prohibición de destinarlo a la comercialización de estancias turísticas.
Se podrán acoger a esta medida extraordinaria aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones construidas ocho años antes de la entrada en vigor del Decreto Ley. En el caso de edificaciones, construcciones e instalaciones ubicadas en suelo rústico protegido, serán aquellas construidas antes de la entrada en vigor de la ley de ordenación y uso del suelo de 29 de mayo de 2014.
El nuevo decreto contempla, entre otras medidas, la posibilidad de que, de manera extraordinaria y temporal, los ayuntamientos puedan ubicar en suelo rústico y en cualquier otro tipo de suelo, público o privado, aparcamientos de vehículos para facilitar la movilidad en las épocas de más afluencia de visitantes, siempre con carácter provisional y una duración máxima de ocho meses cada año.
También se permitirá a los consells insulares externalizar las inspecciones técnicas de vehículos para agilizar estas revisiones y evitar las recurrentes listas de espera y los problemas para conseguir cita, y se creará el complemento retributivo en Educación de plazas de muy difícil cobertura para docentes en Menorca, Ibiza y Formentera, para garantizar la prestación de estos servicios públicos.
Además, se crea el complemento retributivo de plazas de difícil cobertura de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, con puestos de trabajo estructurales o coyunturales que desarrollen funciones para las residencias de la Fundación en Ibiza, cuya provisión esté dificultada por razones técnicas o geográficas.
