La situación económica y laboral para la clase trabajadora en España, y especialmente en Menorca, no presenta signos de mejora. La inflación, la falta de políticas sólidas que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones y la presión de las patronales para alargar la edad de jubilación son solo algunos de los factores que mantienen en alerta tanto a los trabajadores como a los pensionistas. Desde la Plataforma por unas Pensiones Dignas y otros colectivos de pensionistas en Menorca, la preocupación es evidente: las perspectivas para el futuro de los trabajadores son cada vez más sombrías.
La merma del poder adquisitivo
Uno de los problemas más acuciantes es la pérdida de poder adquisitivo que viene afectando a los trabajadores desde hace años. Según el sindicato ANPE, los empleados públicos, incluidos los docentes, han visto cómo sus salarios pierden valor en términos reales debido al aumento desproporcionado de la inflación en comparación con las exiguas subidas salariales. El aumento del 2,5% previsto para 2024 en los salarios del funcionariado es insuficiente frente al incremento estimado del IPC, que se situará alrededor del 4,3%. Esto genera una brecha que sigue ampliándose, acumulando ya una pérdida de más de 8 puntos en el poder adquisitivo de estos empleados desde 2022.
Esta situación afecta también al conjunto de la clase trabajadora, donde los incrementos salariales no están manteniendo el ritmo de la inflación. Aunque el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado una subida del 5%, esto no es suficiente para compensar el encarecimiento del costo de vida, lo que resulta en una caída del poder adquisitivo de muchos sectores. Los pensionistas, a su vez, han visto un aumento del 3,8% en sus pensiones, pero este ajuste también queda por debajo de lo necesario para igualar la inflación. Como consecuencia, las familias trabajadoras y pensionistas enfrentan crecientes dificultades para mantener su nivel de vida.
La amenaza a las pensiones públicas
El sistema de pensiones públicas en España lleva años bajo presión, y los recientes debates en torno a su sostenibilidad no auguran soluciones inmediatas. Según la Plataforma por unas Pensiones Dignas, el sistema actual no garantiza que las futuras generaciones de trabajadores puedan acceder a pensiones adecuadas después de una vida laboral de cotizaciones. Uno de los mayores temores es la posibilidad de que se avance hacia un modelo de pensiones privatizado, que dejaría a los trabajadores en manos del mercado financiero, lo que a largo plazo podría comprometer la estabilidad y la equidad del sistema de protección social.
El estancamiento de las negociaciones con las patronales
Otro factor que agrava la situación es la falta de acuerdo entre los sindicatos y las patronales sobre cuestiones clave como la reducción de la jornada laboral y el mantenimiento de los salarios. Mientras algunos sectores abogan por reducir la semana laboral sin pérdida de salario, las patronales se resisten a estas propuestas, argumentando que no es viable sin un incremento de la productividad. En su lugar, las empresas parecen más inclinadas a prolongar la edad de jubilación, lo que para muchos trabajadores supone una carga adicional, dado que muchos no se encuentran en condiciones físicas ni mentales para seguir trabajando más allá de los 65 años.
Este es uno de los puntos más discutidos en el marco del Pacto de Toledo, donde se ha planteado la posibilidad de fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Sin embargo, la realidad es que un gran porcentaje de las pensiones actuales ya no cubre las necesidades básicas. Más de un tercio de las pensiones en España están por debajo del umbral de la pobreza, y más de la mitad de los pensionistas no llegan a percibir el salario mínimo. Ante esta situación, los sindicatos han intensificado sus demandas para que las pensiones mínimas se equiparen al SMI, que según la Carta Social Europea debería ser de 1.084 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas anuales.
La incertidumbre para las futuras generaciones
El panorama para los trabajadores más jóvenes es aún más incierto. A medida que la deuda pública aumenta y la demografía muestra una clara tendencia a la baja, las proyecciones sobre el sistema de pensiones son desalentadoras. Las generaciones actuales no solo enfrentan la posibilidad de tener que trabajar más años, sino que además pueden verse obligadas a depender de un sistema de pensiones privado que no garantiza la estabilidad y la equidad que ofrece el actual sistema público.
