Palma, 7 mar (EFE).- El Govern balear propondrá en el Parlament un incremento generalizado de la ecotasa de marzo a diciembre, de hasta el 200 % en el caso de los cruceristas, y un nuevo impuesto a coches de alquiler y particulares de uso turístico en el marco de un paquete de medidas para contener la masificación turística.
El ejecutivo autonómico del PP, que tendrá que negociar para sacar adelante sus iniciativas porque no cuenta con mayoría parlamentaria, también plantea prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares e incrementar hasta los 500.000 euros las sanciones contra la oferta de alojamiento ilegal.
Las medidas para contener la presión del turismo masivo, ha destacado en su presentación el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, son coherentes con los objetivos establecidos por las entidades sociales, económicas y políticas integradas en el Pacto por la Sostenibilidad, que busca hacer compatible el modelo económico del archipiélago con el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos.
“Las islas han llegado a su límite”, ha afirmado Bauzá recogiendo la frase que dijo la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuando anunció su intención de frenar el crecimiento del turismo y aliviar la presión que sufren los residentes por efectos como la saturación de las carreteras y la carestía de la vivienda.
El conseller, que ha cifrado en 125.000 las plazas hoteleras y de alquiler vacacional creadas bajo el último Govern de izquierdas (casi una cuarta parte del total), ha indicado que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, se incrementará con el objetivo de regular el flujo de visitantes y se subiría particularmente sobre los cruceristas porque son un sector de mayor “impacto”.
Además de a inversiones medioambientales y de modernización, la recaudación del ITS se destinará también a mejoras del mercado laboral como incentivar la reconversión en indefinidos de contratos fijos discontinuos, así como a combatir la oferta turística ilegal.
El mínimo del impuesto será de 0,25 euros la noche en los alojamientos de menor categoría y el máximo los 6 euros de los cruceros y de los hoteles más caros en temporada alta. Se suprimiría el cobro en enero y febrero.
Asimismo, el Govern propone que los residentes de Baleares que pagan la ecotasa por alojarse en establecimientos del archipiélago puedan deducirse hasta 250 euros anuales en el tramo autonómico del IRPF.
El plan contempla, además de prohibir nuevo alquiler vacacional en edificios plurifamiliares (ya vetado en municipios como Palma), elevar las exigencias de calidad para renovar las licencias ya concedidas.
Bauzá ha apuntado que se reactiva el intercambio de plazas y el cambio de usos de establecimientos turísticos obsoletos para crear viviendas de precio limitado y se crea una bolsa de plazas temporal a la espera de que los consells insulars fijen nuevos límites.
También corresponderá a las administraciones insulares, competentes en ordenación turística, impulsar planes estratégicos de modernización en zonas de reconversión en función de tres tipologías de antigüedad y saturación, y se incentivarán las inversiones para reformar hoteles sin incrementos de alturas.
Estas y otras medidas del programa de contención del crecimiento turístico del Govern se negociarán con los grupos parlamentarios para aprobarlas mediante un decreto ley que tenga garantías de ser ratificado en el Parlament, ha remarcado el portavoz del ejecutivo, Antoni Costa.
La otra gran iniciativa del plan, el impuesto a los vehículos turísticos, no puede aprobarse por decreto y se formulará mediante un proyecto de ley que se negociará tanto con los partidos con representación parlamentaria como con los sectores empresariales afectados, ha remarcado Costa, también conseller de Hacienda.
Ha detallado que el impuesto, con propósito disuasorio y cuya recaudación se destinará a proyectos de transporte público, se aplicará a vehículos particulares que circulen menos de seis meses por las islas, cuyos titulares pagarían el gravamen a la naviera que los transporte al archipiélago, y a vehículos de alquiler, que pagarían las empresas.
En este último caso, las empresas que tengan sus coches matriculados en Baleares podrían deducirse íntegro el impuesto de circulación, lo que reduciría “a cero” el impacto de la nueva tasa.
Según Costa, que ha destacado el carácter pionero de la medida, se propone dividir el impuesto en una aportación fija y una parte variable en función de las emisiones de CO2 y el tiempo de estancia, con un coste total que iría de 35 a 150 euros por vehículo.
El Govern empezará a negociar ya su propuesta de decreto con el fin de que pueda entrar en vigor cuanto antes, pero Costa ha admitido que es improbable que entre en vigor el próximo verano. Para el impuesto a los vehículos turísticos prevé un proceso de negociación largo.
