La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, ha intervenido 142 botellas de vino en Menorca por un presunto fraude relacionado con el origen del producto.
La inspección se inició en un restaurante de Menorca, donde se comprobó que en la carta se presentaba como vino de Menorca un producto que, tras las comprobaciones realizadas, se constató que se elaboraba en la Península. Como las botellas inmovilizadas en el establecimiento procedían de un distribuidor local, el Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria amplió la inspección a este proveedor.
Entre ambas actuaciones se han intervenido 105 botellas de vino blanco y 37 de vino tinto.
El conseller Joan Simonet ha señalado que «defender el producto local también implica actuar ante operadores que se aprovechan de los nombres geográficos de las Illes Balears de manera ilícita y perjudican a nuestros productores». Simonet ha añadido que «continuaremos trabajando para que el consumidor pueda tener garantías sobre el origen de los productos que compra o consume y para que los productores locales compitan en condiciones justas».
Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que «los controles sirven precisamente para detectar estas situaciones irregulares y garantizar que la información que llega al consumidor sea clara y veraz, además de defender los intereses legítimos de nuestros productores ante la competencia desleal que suponen estos productos».
Llabrés ha añadido que «cuando detectamos posibles irregularidades, ampliamos las comprobaciones necesarias para conocer el origen del producto y evitar que se siga comercializando con una información errónea».
La Conselleria recuerda que la normativa en materia de calidad agroalimentaria tiene entre sus principales objetivos garantizar una información correcta al consumidor y proteger a los operadores que cumplen las exigencias establecidas. Los posibles incumplimientos detectados durante las inspecciones pueden dar lugar a la apertura de expedientes administrativos y, en su caso, a las sanciones previstas en la normativa vigente.
Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multas de entre 3.000 y 60.000 euros.