La Fiscalia presentó este lunes por la mañana dos querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra Carles Puigdemont, sus consellers y la Mesa del Parlament catalán. Sólo el primero de estos delitos podría comportar, si hay condena, 30 años de cárcel. El Ministerio público solicita además una fianza de 6,2 millones de euros ante las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse. Lo que no se solicita, por ahora, son medidas preventivas.
Cabe señalar que algunos de los denunciados son personas aforadas y por ello se pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que traslade este caso a la Audiencia Nacional para unificar todo el caso.
Según el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en esta investigación se incluirán todos los actos adoptados en los dos últimos años que culminaron con la declaración de independencia del 27 de octubre.
Mientras, el President cesado por Madrid Carles Puigdemont se desplazó este lunes a Bruselas junto a cinco de sus consellers. Puigdemont tiene previsto comparecer ante la prensa este martes para explicar las razones de este viaje aunque varios medios de comunicación especulan con la posibilidad de que pida asilo político.
Cabe recordar que el ministro belga de Inmigración, Theo Francken, anunció ya el domingo que podrían conceder este asilo a Puigdemont ante la posibilidad de que no se pudiera garantizar un juicio justo.
Bélgica es uno de los países de la UE que más ha criticado la actuación del Estado español a raíz de las cargas policiales del 1 de octubre. Esta actuación policial, sin embargo, fue justificada por la Fiscalía en su escrito de este lunes.
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