El Anteproyecto de Ley de Atención y de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia de Baleares estipula que los ayuntamientos serán los encargados de elaborar las declaraciones de riesgo de menores, en lugar de los Consells Insulars.
Para ello, según ha detallado la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, el Govern y los Consells se han comprometido a incorporar, en los dos próximos años, 85 profesionales de distintas ramas para que formen equipos territoriales de intervención de nueva creación en los municipios.
Santiago ha explicado que los dos principales objetivos de la normativas es adaptarse a la ley estatal y apostar por una inversión pública por la prevención. Se trata de una ley “extensa” con más de 260 artículos.
Durante la presentación del texto, la consellera ha asegurado que por primera vez, la ley no establece solo que se tienen que destinar recursos a la prevención sino que define cuáles son estos recursos.
Respecto a las declaraciones de riesgo, los avisos a la familias de que se han detectado factores que apuntan a que un menor está en riesgo, Santiago ha indicado que actualmente se encargan los Consells Insulares, que también es la administración encargada de retirar la tutela.
Para modificarlo, un trabajador social deberá realizar una propuesta de declaración de riesgo que se elevará una nueva figura de ámbito municipal, la Comisión de Declaración de Riesgo, que tendrá que existir en todos los municipios de las islas y que valorará la propuesta.
“Damos más garantías a las familias, evitamos en la medida de lo posible el desarraigo de los niños y reforzamos a los municipios con 85 profesionales más”, ha manifestado la consellera de Servicios Sociales.
Asimismo, otras novedades son un registro unificado de maltrato infantil que deberán rellenar de forma obligatoria cualquier profesional que interactúe con menores que detecte maltrato y un registro de profesionales que trabajar con menores para que, por ejemplo en caso de denuncias en la fuga de un menor, no deban de introducir sus datos personales.
La previsión es que la semana que viene esté en audiencia pública durante 15 días para que la ciudadanía presente alegaciones y que a finales de mayo se apruebe en el Consell de Govern, para su posterior tramitación parlamentaria.
