Los, ojalá fuesen, últimos casos de violencia machista en nuestro país y la difusión de una conversación entre miembros de un juzgado sobre una víctima que recibió una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias por malos tratos psicológicos, amenazas y coacciones, han acabado por confirmar la existencia de grandes lagunas en la protección de las víctimas.
La sociedad asiste, entre el desconcierto y la indignación, al reguero de muertes y al cúmulo de protocolos y actuaciones judiciales que evidencian las carencias de un hipernutrido ordenamiento jurídico y la falta de medios para aplicarlo. Faltan, asimismo, transparencia y voluntad didáctica a la hora de explicar errores, procedimientos y resoluciones incomprensibles para el ciudadano de a pie.
Lo reconocía esta misma semana Antoni Terrassa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Baleares, en la entrevista concedida a “Al Dia” de IB3. Estuvo acertado a la hora de reclamar esa transparencia, aunque lo más impactante para mi fue su inapelable apelación a la separación de poderes.
El magistrado recordó que juzgados y tribunales no hacen otra cosa que aplicar las leyes y actuar conforme a los procedimientos que emanan de las mismas, y que, si en función de unas u otros, se dictan resoluciones que chocan a la sociedad, hay que saber explicarlas.
¿Y cambiarlas, cabría preguntarse? Si las leyes aplicables avalan protocolos ineficaces y resoluciones injustas, a parte de pedir más medios humanos y materiales, ¿cuáles deberían ser modificadas y cuáles elaborarse a medio plazo para dar una mejor respuesta judicial a los retos que enfrenta la sociedad, en opinión de los jueces?. “Eso, el poder legislativo“, vino a contestar Terrassa. Y, en puridad, tiene razón, pero deja un regusto amargo.
¿Legislan y presupuestan nuestros parlamentarios y gobernantes teniendo en cuenta el impacto que tendrán las leyes en quienes han de cumplirlas y hacerlas cumplir? ¿Deben nuestros juzgadores adoptar un papel más activo en la configuración de unas leyes más eficaces para todas las partes? ¿Habría que repensar el principio de separación de poderes?