El Consell de Menorca ha aprovechado el decreto Ley del Govern balear de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica para poder justificar las obras en la carretera general según su visión que implica la demolición de las macrorotondas que impulso el gobierno del PP. En este sentido, el Consell ha propuesto y se ha aceptado por parte del Ejecutivo autonómico una disposición adicional para “la preservación máxima del paisaje y de los bienes culturales que posee nuestro territorio”.
Desde el Consell señalan que “las Instituciones menorquinas siempre han tenido muy en cuenta el impacto de las diferentes estructuras que se puedan construir sobre el paisaje. Tenemos diferentes normas a nivel ambiental y territorial que nos permiten preservar nuestra isla.
Dada esta importancia que tiene el paisaje, tal y como reconoce Europa en la Carta por el Paisaje, y como todavía no se ha extrapolado esta en una Ley de paisaje a nivel balear, consideramos que es importante que un aspecto tan importante como éste quede recogido en este nivel”.
Esta disposición adicional permitirá al equipo de gobierno trabajar en un proyecto de carretera que “nos pide la sociedad menorquina y que, a la vez, nos permitiría preservar bienes culturales de la importancia de Rafal Rubí.”
De esta forma se podrá reconducir el proyecto de la carretera general. Según el gobierno del Consell la meta es mejorar la carretera general sin reducir en ningún caso la seguridad vial, ni contravenir ninguna normativa vigente, de la forma menos agresiva posible para el paisaje, y que consuma la menor cantidad posible de territorio.
Reacción del PP
El Grupo Popular ha replicado denunciando que la presidenta Susana Mora ha maniobrado para derribar los puentes de la carretera general “a golpe de decreto”. El Grupo Popular afirma estar indignado con el proceder de la presidenta Mora que “ha actuado de forma alevosa y ha introducido una modificación inesperada, sin consenso y sin justificación.”
A juicio de los populares, la presidenta del Consell ha buscado esta vía para salir del embrollo en el que la institución está inmersa después de que sucesivos informes técnicos hayan desaconsejado suprimir estas estructuras, tanto económicamente (inversión realizada más el coste de operación de derribo) como por criterios de seguridad vial. Mora y sus socios de gobierno han pretendido saltarse la ley vigente modificándola a su medida con una disposición adicional “camuflada” en un decreto de 95 páginas. A criterio del PP “es un proceder abusivo, deshonesto e impropio de la persona que invoca permanentemente la lealtad institucional y el pacto.”
… recordemos que durante toda la duración de la cuarentena -o cincuentena más bien-, los dichosos carteles de limitación de velocidad de los irreales y mentirosos setenta kilómetros por hora, has¡n seguido ahí vigilantes, para que NINGÚN dichoso coche de los que NO CIRCULABAN pudiesen atreverse siquiera a superar esa absurda limitación que llevamos desde hace cinco largos años, en un tramo de obras SIN obras… ahora que estamos desescalando, ahora que empiezan a circular otra vez los autos, haciendo caso omiso a una limitación abusiva y torticera, porque la gente a la larga no se le puede tomar más el pelo a fuerza de dejarnos calvos… pues se sacan de la manga que AHORA toca realizar las obras aquellas de las que usted me habla… ahora, pues, tienen DE VERDAD, la excusa para mantener, con más razón que antes, que se mantenga esa limitación de velocidad…