El estallido de la burbuja inmobiliaria hace algo más de una década supuso un retroceso de muchos sectores económicos y el de la construcción fue uno de los más afectados. En aquel momento hubo mucha gente que tuvo que adaptarse y pasar de este sector al del turismo para conseguir un empleo y un sustento. Ahora se podría girar el sentido y obligar a adaptarse al revés, es decir, volver a confiar en el sector de la construcción porque el sector servicios no puede absorber tanta cantidad de trabajadores.
El caso es preguntarse si hay trabajo para ofrecer. Según relataba en Radio Menorca el presidente del Colegio de Arquitectos en Menorca Enric Taltavull Femenías, los datos de proyectos visados ha bajado ligeramente (en un 10%) respecto al año pasado pero el porcentaje de éstos que tienen un presupuesto menor es más alto, lo que indica que aumentan las reformas y rehabilitaciones de inmuebles.
Esto puede suponer una oportunidad para muchos profesionales o pequeñas empresas que aprovechen estos próximos meses para aumentar su actividad dirigida a la modernización de planta hotelera, a la modernización de antiguos edificios o a la mejora de viviendas.
Los cambios normativos sugieren actualización de aspectos como la sostenibilidad en los hogares, que ahora -según Taltavull- aspiran a ser espacios que puedan acoger a personas y familias por más tiempo, en supuestos de futuros nuevos confinamientos.
La mejora de impermeabilizaciones, el factor aislamiento térmico y la eficiencia energética son asuntos que pueden mejorarse en muchos hogares y que están motivando cierta actividad de la que puede beneficiarse en general la economía insular. La principal pega que siguen apuntando desde el Colegio de Arquitectos es que queda un largo camino a recorrer en ajustar los tiempos y los parámetros que exige la ley para permitir el desarrollo de las labores de construcción. La prudencia con la que actúan los términos legales se convierte en un tapón burocrático en la mesa de los Servicios Técnicos municipales de los ayuntamientos que deben dar las licencias. Incluso a veces con interpretaciones sobre lo que se puede o no se puede permitir. Esto aún genera inseguridad administrativa y lastra el desarrollo de proyectos que esperan su momento para poder llevarse a cabo.
