Regresó Sánchez de Europa con 140.000 millones y acto seguido ofreció 5.000 a los alcaldes a cambio de que no reclamen los casi 20.000 que ahorraron durante los últimos 10 años, bloqueados por la Ley Montoro desde 2012.
La ministra de Hacienda presentó la oferta hace 20 días y ha provocado, entre otros líos, el estallido de la FEMP tras tres décadas de consensos. Aún no me puedo creer que ningún alcalde, y son miles, haya decidido pedir la opinión del vecindario. Da vergüenza recordar que, en mayo de 2019, cuando las últimas elecciones, nadie podía imaginar la situación en que estamos ahora. Si los alcaldes deciden consultar a la ciudadanía, guardando la distancia a través de Internet, por supuesto, saldrán ganando sí o sí.
Por una parte, Gobierno y oposición en el Congreso, que en este asunto están manejando a sus ediles en pueblos y ciudades como si fueran títeres, deberían ampliar los plazos para mejorar la oferta, y la oferta será mejorada. Por otra, una decisión que cuente con el apoyo de los vecinos tendrá la ventaja de ser respetada por el gobierno y, además, implicará a la sociedad en un futuro que puede exigir sacrificios. Y nadie podrá impedir, con trucos legalistas, que los alcaldes consigan averiguar lo que prefiere el vecindario.
En momentos históricos como este la manera de afrontar los problemas tiene consecuencias a largo plazo. Si no se amplía y fortalece la participación de la ciudadanía, el autoritarismo y el verticalismo serán el pan de cada día en un sistema que, para autoengañarnos, seguiremos llamando democracia.
