La Administración balear no pagará por ahora la indemnización de Cesgarden para ayudar a las finanzas del Consell de Menorca. Así lo decididió el pleno del Parlament este martes. La decisión fue posible por los 32 votos en contra del Grupo popular, incluidos los de los parlamentarios menorquines. La moción la había presentado el grupo socialista y la defendió Marc Pons. El socialista aseguró no entender cómo el Govern balear se niega a apoyar al Consell cuando si lo ha hecho a otros ayuntamientos con problemas económicos similares por temas urbanísticos.
La propuesta del PSOE contó con el apoyo de MÉS. Su diputado menorquín, Manel Martn, sin embargo, reconoció que la sentencia condenatoria es fruto de una defensa legal bastante deficiente y en este sentido asumió los errores que le corresponden a su formación como integrante del equipo de gobierno del Consell que no supo obtener una mejor decisión judicial.
La postura contraria a ayudar al Consell por parte del Grupo popular la asumió el actual President del Consell, Santiago Tadeo. De entrada volvió a pedir la dimisión de los responsables políticos de la sentencia. Advirtió que el total de denuncias interpuestas por la planificación urbanística pueden suponer indemnizaciones por 90 millones de euros y, en último término, explicó que ya solicitarán ayudas a otras administraciones en otro momento.
Marc Pons cerró el debate el en el pleno catalogando de irresponsables a los diputados del PP menorquín que votaron en contra de ayudar al Consell insular, “un hecho del que no hay precedentes”. Aseguró además que “tarde o temprano la administración balear deberá apoyar a la institución menorquina”.
