Este lunes una treintena de empleados públicos autonómicos se han concentrado en la Plaza Miranda de Maó para reclamar la subida del 2% en sus sueldos, tal y como se aprobó en los presupuestos generales del Estado. El responsable de Sanidad de Comisiones Obreras en Menorca, Juan Andrés Bernabeu, ha denunciado que “el Govern balear se niega a sentarse a negociar con los empleados públicos de sanidad, enseñanza y servicios generales”.
Los sindicatos consideran que se está “vulnerando la ley de negociación con los sindicatos representativos del sector y esta concentración es la única vía que nos deja el Govern”
Destacan que la Ley de presupuestos generales del estado para 2020 determina que se ha de incrementar en un 2% el sueldo del personal de todas las administraciones públicas y el Proyecto de presupuestos del estado para el 2021 determina un 0,9% incremento. Esta normativa es básica y, por tanto, de obligado cumplimiento para
parte de las administraciones públicas.
Denuncian que “este 2% para 2020 ha sido aplicado al personal de todas las administraciones públicas de España excepto al personal al servicio de la Administración autonómica de las Islas Baleares y su sector público. Incluso, las otras administraciones territoriales de las Islas Baleares (periférica del estado, Consells insulares y ayuntamientos) han aplicado este incremento retributivo. el personal afectado es el del IbSalut, de Educación, de Servicios Generales, de todo el sector público instrumental de la administración autonómica y de la enseñanza concertada”.
Y señalan que “el 0,9% para el 2021 corre la misma suerte para el personal al servicio de la Administración autonómica, según nos informó el Gobierno balear en una sesión informativa de la Mesa de Empleados Públicos del día 30 de octubre sobre el Proyecto de presupuestos de la CAIB para el 2021, en la que la Administración se limitó a informar de unos hechos consumados, desvirtuando, una vez más, el carácter negociador del máximo órgano de negociación del personal empleado público de la Administración autonómica, tal como establece el artículo 36 del Estatuto básico del empleado público”.