El último pleno de Sant Lluís aceptó la prescripción del cobro de un total de 963.000 euros. Si bien 23.000 obedecían a errores en los cálculos, los 940.000 euros restantes son impuestos correctos que no se llegaron a cobrar en su día y que ya han prescrito.
De estos 940.000 cuyo cobro ya ha prescrito, 5.983 euros pertenecen a impuestos de los ejercicios 2014 y 2015 que no se recaudaron por “diversos conceptos”. 313.743 euros son “derechos pendientes en concepto del canon de explotación de la planta fotovoltáica e impuesto de obras del periodo 2008-15”. Pero la mayor parte, 620.928 euros son “derechos pendientes en concepto de Contribuciones especiales correspondientes a los ejercicios 1994-2009”. La suma de estos tres factores arroja un total de 940.654 euros.
Se da el hecho que las contribuciones especiales son impuestos derivados de obras públicas de urbanización o similares que se ejecutaron en su día pero que no se pagaron. Esta prescripción aprobada ahora formalmente ‘perdona’ el pago de forma definitiva a quienes no abonaron el dinero que les tocaba en su día. Una decisión que llega poco antes de la ejecución de las próximas obras de los planes de urbanizaciones municipales.
En una situación económica como la actual, el concejal no adscrito Jorge de Diego califica de “sangrante” que el Ajuntament de Sant Lluís deba dejar de percibir este dinero, sobre todo por el agravio comparativo entre vecinos que sí pagaron los impuestos y los que no lo hicieron. Por ello pidió al actual responsable de Hisenda, Joan Pons, que abriera un expediente de investigación para saber porqué no se han podido cobrar estos recibos. El primer teniente de alcalde aceptó la propuesta.
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Está comprobado que si se requiere eficiencia en la recaudación de impuestos, no queda otra que externalizar el servicio. Basta preguntar al Ayuntamiento de Mahón, el % que recaudaba cuando lo gestionaban sus funcionarios y como les va ahora. Los datos no dan lugar a ninguna duda.