La reforma del Estatut d’Autonomia de Balears está en marcha de nuevo. Una delegación del Parlament balear se ha desplazado este martes hasta el Congreso de los Diputados en Madrid para defender en las Cortes un cambio en la principal ley de la comunidad autónoma. El debate en esta ocasión se ha centrado en la decisión del Parlament de erradicar el aforamiento que protege a los diputados autonómicos y a los integrantes del Govern balear. En esta delegación parlamentario que ha hablado ante al Cámara baja estaban los menorquines Josep Castells de Més per Menorca y el popular Juan Manuel Lafuente.
«El aforo ha sido y es una pieza más del engranaje de la corrupción en España y también, por supuesto, en nuestras islas», afirmó Castells desde la tribuna. El menorquinista explicó que levantar el aforo significa «quitar la seguridad a los políticos de ser juzgados por un determinado tribunal», un privilegio, dijo, «del que se beneficiaban, básicamente, los miembros de los dos grandes partidos estatales», los dos únicos que durante años y años han podido ir interviniendo en las designaciones de los jueces de los tribunales superiores gracias a su influencia en el gobierno del poder judicial: «Son los únicos que han tenido capacidad para ejercer este tipo de presiones», concretó Castells .
El ecosoberanista ha trasladado a los miembros del Congreso el ‘sin sentido’ de una figura que ha perdido «cualquier justificación» y que sólo es «una reminiscencia histórica». «Que todos seamos juzgados, tanto civil como penalmente, por el juez predeterminado por ley», reclamó el diputado, quien ha pedido la toma en consideración de la propuesta del Parlamento de las Islas Baleares todo definiéndola como «simple y transparente» .
El diputado también ha aprovechado la intervención en el Congreso para recordar ante el hemiciclo que las Islas no son «la arcadia feliz» sino un territorio «insular, fragmentando, mal financiado, con una estructura económica frágil, que depende excesivamente del turismo» y que hace que tengan un «mercado laboral muy precarizado” y que “el acceso a la vivienda sea lo más difícil de todo el Estado», todo ello agravado por la crisis de la Covid-19. Además, ha añadido que en Menorca se suma el problema de la conectividad deficiente que conlleva «dificultades para las familias y para la competitividad de las empresas».
Por su parte, Juan Manuel Lafuente también ha expuesto la necesidad de eliminar este derecho de aforo del que disponen los cargos electos o del Govern. Además, también ha apuntado que sería necesario que el Gobierno central tuviera tanto interés en el tema del Régimen Especial de Balears como con la cuestión del fuero de los políticos ya que el dinero es necesario para compensar el sobrecoste que implica vivir en unas islas.
