Més per Menorca quiere que el personal de seguridad privada atienda en catalán

“Que las empresas contratistas de servicios de vigilancia y seguridad tengan que acreditar que su personal es competente en lengua catalana con un nivel mínimo que les permita comprender y atender a los ciudadanos en la lengua propia de las Islas”. Esta es la propuesta que el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha presentado al Parlament balear. Piden que el Govern “trabaje solo con empresas que exijan al personal los conocimientos suficientes para atender en catalán”.

Esto llega a raíz de la “denuncia de un ciudadano menorquín”, el que fue conseller del PSM, Mateu Martínez, “a quien, el pasado 11 de enero, un guarda de seguridad le negó el derecho de ser atendido en catalán en el Hospital Mateu Orfila, caso que se suma a numerosas quejas en todo del territorio”.

Desde Més per Menorca también piden que “en el proyecto de creación de la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears, se prevea una oferta formativa dirigida específicamente al colectivo de trabajadores de las empresas que prestan servicios de seguridad y vigilancia, en materia de atención a la ciudadanía, respecto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y gestión de la pluralidad lingüística“. Y proponen en esta PNL que el Gobierno contemple, “en el futuro proyecto de ley de seguridad pública de las Illes Balears o de ley policial específica, que los trabajadores de la seguridad privada deban recibir entre dos y cuatro meses de formación en la futura Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears, así como exigirles la superación del análisis psicotécnico que se les exige a los efectivos de policía“.

El diputado y portavoz de la formación, Josep Castells, ha recordado que los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares “son vulnerados demasiado a menudo a pesar de que la Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1986 por la unanimidad del Parlamento, recoge la oficialidad del catalán y el derecho de poder dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, a la Administración, a los organismos públicos y a las empresas públicas y privadas sin que esto pueda implicar discriminación”.

“Cuando conocimos el caso del Mateu Orfila, presentamos una serie de preguntas escritas al Govern. De la respuesta que nos han dado, se desprende que el pliego de condiciones del contrato del servicio de seguridad del hospital no prevé la capacitación lingüística del personal que trabaja en dicho servicio. Y este hecho, que se extiende a muchos contratos públicos, vulnera los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas de poder ser atendidos en cualquiera de las lenguas oficiales”, destaca Castells.