“Permiso para ir al baño”

Queda una semana de estado de alarma. El próximo día 9 caduca su vigencia y el presidente del gobierno y varios de sus ministros y ministras ya han insistido en diversas ocasiones en que no se prorrogará, a pesar de la opinión en contra de muchas comunidades autónomas que han venido solicitando su prórroga durante al menos un mes, incluso más, lo necesario para conseguir que con el avance de la vacunación masiva se alcance un porcentaje suficiente de población inmunizada y la necesaria inmunidad de grupo, a partir de la cual la circulación del virus disminuye drásticamente.

Esta decisión tiene graves consecuencias sobre la capacidad de los gobiernos autonómicos de gestionar el control de la pandemia, puesto que, sin el paraguas legal del estado de alarma, todas aquellas medidas que se considere que limitan el ejercicio de derechos básicos por parte de los ciudadanos deberán ser sometidas a la consideración de los tribunales, sobre todo de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma concernida.

Esta obligatoriedad de acudir a la validación de los magistrados de todas las medidas restrictivas de los movimientos y la interacción social que, no nos engañemos, son las únicas realmente efectivas en la contención de la pandemia mientras no se haya vacunado a un porcentaje suficiente de la población, resulta, en el menos malo de los casos, un enredo administrativo y un retraso en la implementación de las actuaciones propuestas por las autoridades sanitarias y, en el peor, si son denegadas o recortadas por los tribunales, una desvirtuación de las mismas y una pérdida de su eficacia sanitaria, y no olvidemos que con esta pandemia los retrasos y las dudas cuestan muertes.

No soy jurista y no estoy en disposición de opinar sobre la legalidad de todo este embrollo, y como ciudadano comprometido con la democracia soy muy consciente de la necesidad de que nuestros derechos fundamentales sean cuidadosamente protegidos y de que la última instancia de esa protección descansa en un sistema judicial sano, no viciado, independiente y escrupulosamente respetuoso con su función. Pero creo que en España se están sobrepasando los límites del buen sentido y se está recurriendo en exceso a los tribunales, que, por otra parte, no siempre parecen tomar las mejores decisiones.

Al fin y al cabo, el derecho a la vida y a la salud también son derechos fundamentales, y si una pandemia los pone en serio riesgo, no entiendo por qué no se pueden restringir otros, como el de libre movimiento, de acuerdo con criterios de los expertos sanitarios, que son los que entienden, y no tener que acudir a la aprobación de jueces o magistrados que, en general, de sanidad no saben nada de nada. Debería bastar con una aprobación de los parlamentos tras la correspondiente discusión y deliberación. Si no, el gobierno central debe acudir al Congreso de los Diputados para aprobar el estado de alarma que, paradójicamente, resulta mucho más restrictivo de los derechos y libertades.

Y si hay que acudir a los tribunales, te puedes encontrar con magistrados como aquel de Euskadi, que públicamente manifestó en una tertulia radiofónica que un epidemiólogo era un médico de cabecera con un cursillo, ofendiendo a todo un colectivo profesional, menospreciándolo y, a la vez, demostrando un desconocimiento palmario de la sanidad y las profesiones sanitarias. Pero lo más grave es que este mismo magistrado había anulado el cierre de los establecimientos hosteleros en zonas donde la pandemia estaba disparada. Quizás es que el derecho a beber unos chatos o unas cervezas y comer unos pinchos con los colegas en la barra de un bar está por encima del derecho a la salud y a la vida de todos aquellos que enfermen y mueran por la diseminación de la infección favorecida por la interacción social en los establecimientos hosteleros.

Si seguimos por este camino de judicialización rampante de la sociedad española, al final tendremos que pedir permiso a los jueces hasta para ir al baño.