El 97% de las denuncias tramitadas en Illes Balears por incumplimiento del primer estado de alarma ya han sido resueltas. Tres de cada cuatro resoluciones emitidas han acabado en sanción y otros 789 infractores se acogieron inicialmente al pago anticipado de la multa. A raíz de la entrada en vigor de las restricciones para doblegar la curva de transmisión de la Covid-19, el elevado número de denuncias por su incumplimiento se tradujo en un incremento de más del 30% en la media habitual de expedientes que registra cada año la Unidad de Sanciones de la Delegación del Gobierno en el archipiélago. Se calcula que en Menorca se han gestionado 370 actas de sanción por 670 de Eivissa y 2.500 en Mallorca
Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como las policías locales, interpusieron más de 24.000 denuncias en el conjunto de las islas por infracciones del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma. De estas se han tramitado más de 3.600, de las cuales 2.655 han concluido en sanción por vulnerar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. El trámite de un expediente sancionador requiere un trabajo ingente, dado que sigue un proceso pautado que incluye dos fases de alegaciones con sus correspondientes propuestas de resolución.
Las delegaciones del Gobierno inician ahora un plan de refuerzo para continuar el procedimiento con el resto de denuncias que finalmente prosperaron. En el conjunto del Estado, de las casi 482.000 actas tramitadas, unas 172.500 han sido resueltas con sanción; cerca de 88.000 han sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales), y unas 11.000 se han archivado. Además hay algo más de 54.000 expedientes todavía en fase de instrucción y unos 156.000 en los que el instructor correspondiente ha concluido que no procedía iniciar diligencias sancionadoras.
Aunque las propuestas de sanción por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales por incumplimiento del primer estado de alarma llegaron a triplicar en toda España el balance habitual en un trimestre, el objetivo de las mismas no es el de la penalización ni la recaudación, sino que estaban orientadas a garantizar el cumplimiento de las restricciones de movilidad adoptadas para doblegar la curva de transmisión de la COVID-19 y proteger la salud de las personas.
Este objetivo se consiguió, según demostraron los datos epidemiológicos. La semana anterior a la declaración del estado de alarma el ritmo de contagios semanal en España crecía al 35% y cada persona infectada provocaba alrededor de tres nuevos contagios. A finales del mes de abril de 2020, el incremento semanal de contagios era del 5%; a finales de mayo bajó hasta el 1,5% y al terminar el mes de junio se situaba por debajo del 1%.
La tramitación de los expedientes de sanción referidos al segundo estado de alarma corresponde a las Comunidades Autónomas.
