Pedro Sánchez formuló esta semana una propuesta que no es nueva ni, desde luego, creación suya, pero que parece muy razonable. Se trataría de que las principales instituciones del Estado dejasen de estar necesariamente concentradas en Madrid para distribuirlas entre otras capitales españolas. La finalidad, más allá de cualesquiera otras consideraciones, sería de la acercar España a los españoles, es decir, hacer partícipes a catalanes, andaluces, gallegos, valencianos, vascos, canarios o, por qué no, ciudadanos de Balears, de la gobernación de su propio país mediante instituciones estatales que les sean próximas.
Madrid es la capital. Lo es desde 1561, cuando Felipe II así lo decidió. Pero convengamos que España es muy anterior a esa capitalidad, si no en sentido institucional y social estricto, sí como idea política. Al menos, desde la romanización. Hasta mediados del siglo XVI, Madrid era solo un pequeño pueblo al norte de Toledo donde los reyes tenían algunas propiedades, como la Casa de Campo. Y ni siquiera esa capitalidad fue definitiva, pues durante un corto lapso de tiempo la corte estuvo asentada en Valladolid.
A partir de ese momento, la concentración de las instituciones del Estado -que en aquel entonces se identificaba fundamentalmente con la Corona- en Madrid fue progresiva, aun cuando los territorios del antiguo reino de Aragón mantenían sus propias instituciones, sus órganos judiciales, sus cortes, etc. Un reino y, al menos, dos estados en él. De manera que, en realidad, Madrid fue solo la sede regia y la de las instituciones de la corona de Castilla durante casi dos siglos más. Para los demás territorios no castellanos, Madrid era únicamente el lugar en el que residía el rey.
Fueron los Borbones quienes terminaron con esa fragmentación -algo que en el siglo XVIII parecía constituir una rémora para el progreso- y quienes decidieron que el modelo a extender sería el castellano y no el propio del reino de Aragón. A partir de ese momento, el órgano judicial supremo pasa a ser, para toda España, el Consejo de Castilla, que hasta 1809 no tomó su nombre actual, Tribunal Supremo. Igual mecanismo se aplicó para las restantes instituciones. La lengua fue también parte de ese proceso, algo que a veces se entiende mal y se manipula políticamente por tirios y troyanos.
La identificación Estado-Madrid tiene tres siglos, período en el que el desapego de la periferia con respecto a la centralidad ha ido en progresión y ha sido causa de múltiples crisis nacionales, la última, plenamente vigente. El nacionalismo y el independentismo se asientan, en gran medida, en la ajenidad del Estado para una gran parte de los ciudadanos de los territorios más poblados de nuestro país, alejados del centro no solo geográficamente. En medio, lo que hoy conocemos como la “España vaciada”, tierras de la antigua corona castellana que han soportado muy mal la modernidad industrial, siendo víctimas del magnetismo capitalino.
Madrid tiene que seguir siendo la capital de España, eso no ofrece duda. Lo que sucede es que, en la era de las nuevas tecnologías, de las reuniones virtuales, de los aviones y del AVE, carece de sentido que siga acumulando la totalidad de las instituciones del Estado, algo que, sin duda, muchos madrileños preferirían compartir. Porque, y esa es la clave, Madrid es España, pero España no es Madrid, ni siquiera España es Castilla, por más que desde determinadas opciones políticas se pretenda rendir culto a una españolidad uniforme en la que únicamente se sienten totalmente cómodos los castellanos.
Quizás en el siglo XIX tenía sentido que todo estuviera concentrado. Las comunicaciones eran deficientes y las noticias llegaban a la periferia con horas y hasta días de retraso.
Hoy, afortunadamente, eso ha cambiado y ya no hay razón para que, por ejemplo, la Secretaría General de Pesca siga en la calle Velázquez de Madrid y no, por ejemplo, en Vigo, en Huelva o en Bilbao, o que la Dirección General de la Costa y el Mar se ubique en la zona de Nuevos Ministerios, a 350 kilómetros de la costa más cercana, y no en Palma o en Málaga.
¿Por qué todas las salas del Tribunal Supremo tienen que estar en Madrid? Nada de particular supondría para el trabajo de los profesionales de toda España que Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao compartieran esa institución. Hace ya muchos años que no es necesario pisar Madrid para interponer y seguir un recurso de casación. Y el Tribunal Constitucional pudiera estar, con total lógica histórica, en Cádiz.
¿Dejaría por ello Madrid de ser la capital? En absoluto, porque es la sede de la Corona, de la presidencia del Gobierno, de las Cortes y de las embajadas de las restantes naciones. Y de muchas otras cosas, como una parte esencial del poder económico, cultural y social.
Sánchez ha esbozado una buena idea, aunque confieso mi escepticismo en que la llegue a materializar. La derecha española, mientras, sigue a lo suyo, viviendo de unos tiempos pretéritos que quizás nunca existieron.
