Palma, 13 sep (EFE).- El pleno del Parlament ha aprobado este martes el decreto que supondrá la gratuidad de la educación para niños de 2 a 3 años desde este septiembre, que según el conseller de Educación, Martí March, “supone un cambio cualitativo para que la etapa de 0 a 3 sea educativa y llegue a la mayoría de familias, algo fundamental para la igualdad de oportunidades”.
La cámara ha aprobado con los 32 votos a favor de PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y grupo mixto y 26 abstenciones (PP, Cs, Vox y el Pi) el decreto del Govern de medidas urgentes para garantizar la gratuidad de la educación de los niños matriculados en el tercer nivel de educación infantil en los centros de la red pública de escoletes y su red complementaria a partir de este mes.
El decreto aprobado también incluye medidas para crear un fondo extraordinario para compensar una parte de los descuentos del transporte interurbano entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre en Ibiza, Menorca y Formentera.
El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha asegurado que ambas medidas ayudarán a las familias en dificultades.
Ha explicado que la aprobación del decreto de medidas educativas es el punto de partida para universalizar la educación hasta los 3 años, supondrá destinar 2.500 euros por familia para una escolarización de 4 horas para los niños de 2 y 3 años, con financiación durante 10 meses, que implica una inversión de 18 millones de euros.
March ha recalcado que supondrá “llegar al 80 % de los niños escolarizados en centros autorizadas en esa edad, mucho más en Menorca y en Formentera”.
March ha subrayado que desde 2015 “hay un cambio de perspectiva”, con la recuperación del Instituto de Primera Infancia, el apoyo a las escoletes y porque “se empieza a ver que debe ser una etapa educativa”. Esa consideración educativa de la etapa de 0 a 3 años se formaliza en la LOMLOE y también la ley de Educación de Baleares.
Por el camino se han retomado las ayudas a las escoletes municipales, se ha creado la red complementaria y ayudas de comedor para “consolidar esta etapa”, con una política de creación de 2.400 plazas en Baleares hasta 2024.
Ha diferenciado escoletes, que dependen de la Conselleria de Educación, de la guarderías que son responsabilidad de los Consells que las están reglamentando de manera diferente.
A las acusaciones de precipitación, March ha defendido que ha habido reuniones con la Asamblea de 0 a 3, con los centros, con los consells, la FELIB y con los ayuntamientos, en “un proceso de negociación significativo”, de manera que “el proceso es positivo en todos los sentidos”.
“Hemos negociado con las escoletes públicas y la red complementaria el convenio para que este dinero comprometido llegue cuanto antes posible a los ayuntamientos y a la red complementaria”, ha destacado.
La diputada popular Marga Durán ha dicho que el decreto es “discriminatorio” para los niños que acuden a escoletes que aunque están autorizadas no forman parte de la red complementaria o a guarderías asistenciales, y ha recalcado que no hay suficientes plazas en la red pública y complementaria.
Ha precisado además que se trata de una ayuda, pero no supone gratuidad porque son 250 euros por niño al mes, con lo que las plazas no serán gratis a no ser que los ayuntamientos complementen la aportación del Govern.
Durán ha rechazado que el Govern haya aprobado el decreto sin haber contado con los ayuntamientos “que son los principales actores de la medida” y ha llamado la atención sobre el hecho de que ningún alcalde haya acudido al pleno a apoyar el decreto.
La coordinadora de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, ha advertido del “decreto trampa” por incluir las bonificaciones del transporte y ha acusado al Govern de mentir al hablar de gratuidad cuando “solo se beneficiarán el 30 % de los niños de las islas y no está claro que los 45.000 euros regulados por aula garanticen que se cubran los gastos”.
Para Guasp, el decreto es “insuficiente, improvisado y sin consenso con los ayuntamientos y patronales de las escoletes” y solo garantiza la gratuidad durante 4 horas, cuando “la gente no trabaja solo 4 horas al día”, ni tampoco incluye los meses de verano.
Por parte de Vox, Sergio Rodríguez, ha acusado al Govern de atacar la libertad de elección de centro de las familias y ha defendido la importancia de la gratuidad de 0 a 3 años para favorecer “la conciliación real”, pero que sea una etapa voluntaria y no obligatoria.
“Han intentado conseguir un puñado de votos pero el ciudadano es cada vez más consciente de que le mienten una y otra vez y son fabricantes de humo”, ha dicho Vox sobre el Govern.
La diputada del Pi, Maria Antònia Sureda, ha reprochado al conseller de Educación la “improvisación”, que no se haya abordado con tiempo, y que la medida “da inseguridad”, al no tener en cuenta que los centros tendrán que asumir el coste de tres meses de los educadores y que algunos ayuntamientos superarán la regla de gasto por esta medida.
Sureda ha pedido que se tramitara como proyecto de ley para poder mejorar el texto en cuestiones como que la posibilidad de actualizar las cuantías por parte del Govern sean siempre al alza.
Por el grupo mixto, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha destacado que la medida es fruto “de una lucha muy larga” y ha criticado que se anunciara el 27 de julio, “antes de ninguna negociación”, y que el texto se aprobara el 16 de agosto, lo que ha puesto “en serias dificultades” a centros y ayuntamientos para aplicarlo en septiembre.
La diputada de Podemos Gloria Santiago ha destacado la importancia de que si tienes un hijo de 2 años lo puedas dejar 4 horas en un centro educativo sin coste y ha recalcado que “no es un regalo, es una inversión de futuro”.
El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas ha reclamado que la competencia de 0 a 3 “debe ser de la Conselleria de Educación”. Ha dicho que la norma aprobada dignifica este ámbito educativo y ha puesto en valor la labor de adaptación al decreto de los ayuntamientos y de la red complementaria.
El diputado Antonio Jesús Sanz, de Gent per Formentera, ha destacado la parte del decreto que permitirá una bonificación del 70 % para los abonos de transporte público de la isla y del cien por cien para los residentes para “dar un descanso” en la inflación a las familias.
Dado que “el aprendizaje es progresivo y acumulativo”, el socialista Carles Bona ha destacado la importancia de una enseñanza temprana de calidad, que considera fundamental para garantizar la equidad.
