No es ningún secreto que desde el momento en el que en Menorca se hizo una apuesta por una política proteccionista de su territorio, el PTI se convirtió en un arma de doble filo; mientras que por un lado permitía su cometido de proteger la isla del modelo de crecimiento que depredaba el territorio, por el otro se convertía en una maraña legal tan densa y compleja que frenaba cualquier iniciativa. Entre la inseguridad jurídica y la buena intención de su razón de ser, hoy el debate se lleva a otro nivel.
Tras los años que lleva el documento en marcha necesita una revisión y esta actualización lleva años intentando tener validez legal. En 2018 se hizo la aprobación parcial y entre alegaciones y revisiones, aún pendiente de que pase por todas las administraciones que tienen algo que decir, el conseller Josep Pastrana (Economia y Territorio) considera que habrá que esperar a 2023 para que quede todo atado.
El reloj sigue en marcha mientras la mole burocrática avanza con paso seguro pero lento. Tiene que conseguirse antes del final de la legislatura y desde el Colegio de arquitectos en Menorca se ve todo este proceso con cierto hartazgo. Este miércoles se celebraba la primera actividad de la “Semana de la arquitectura” que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos (COAIB) en Menorca con una mesa redonda. En ella, voces que plantean precisamente las posturas opuestas. Los arquitectos señalan varios puntos con los que no están de acuerdo con este nuevo PTI que está en ciernes. Según adelantaba el delegado de la demarcación menorquina de arquitectos Enric Taltavull en Radio Menorca, hay temas como el de los hortales que ofrece una solución tibia, tampoco hay verdaderos incentivos a las iniciativas privadas para invertir, el crecimiento futuro de edificaciones de los municipios están estancados (en parte) por toda la marabunta de gestiones que hay que conocer (y a veces ni los técnicos los descifran) para sacar adelante las construcciones.
