No es la primera vez que sucede y tampoco será la última. Un promotor apuesta por invertir y construir en un lugar determinado y obtiene los permisos. Cuando arranca el proceso empieza a encontrarse una maraña burocrática que frena su desarrollo y acaba en los juzgados donde se la da la razón al promotor. Todo esto queda en que si realmente no se podía construir en un determinado lugar pero se dio un permiso o eran terrenos urbanizables, la parte afectada puede reclamar una compensación económica. Así, los abogados defienden tan bien como pueden a sus partes pero, si al final paga la Administración, lo hace con el dinero de los impuestos de todos. Es decir, esas compensaciones económicas al afectado por el error administrativo o político de un momento determinado, son euros que dejarán de invertirse en servicios públicos.
El último caso acaecido en Mallorca es uno más de una lista de muchas sentencias que van sumando el agravio hacia el bolsillo de los contribuyentes. La decisión del político o del técnico de turno acaba con un impacto del que sale indemne.
En estos momentos, gobierno y oposición se enzarzan en batallas estériles. El Govern Balear adviertía que tras el caso de Muleta II que supone pagar 96 millones de euros al promotor Matthias Kühn, otras demandas están aún por ver la luz. Punta Pedrera, en Ibiza, podría desvelar en breve otra sentencia de características y precio similar al de Sóller. Mientras señalan como responsables al color político contrario, el contribuyente está condenado a ver cómo los políticos (de cualquier bando) patalean pero no aportan soluciones.
Según el Govern Balear, se ha calculado que desde 2017 se puede haber generado una cuenta de gasto de 400 millones de euros por el dictado de sentencias no recurribles y que empujan a las arcas públicas de las islas a endeudarse a través de entidades financieras.
Esto no sólo ocurre en Baleares. Por ejemplo: Según sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2015 (STS 4988/2015), el Ayuntamiento de Barcelona fue condenado a pagar 450 millones de euros a la empresa Inmobiliaria Colonial por la anulación del proyecto de la Diagonal Mar.
Otro ejemplo es el de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de julio de 2017 (STSJ Cataluña 6302/2017) por la que la Generalitat de Cataluña fue condenada a pagar 270 millones de euros a la empresa Reyal Club Deportiu Espanyol por la paralización del proyecto del nuevo estadio.
¿Hace falta que la Administración tenga mejores abogados o mejores gestores en cuanto a urbanismo? Menorca es un paraíso en cuanto que se ha trabajado para proteger más o mejor que en otras latitudes su territorio pero en la maraña legal, ¿puede ser también un caldo de cultivo para contínuas peleas en el juzgado? Y si es así, ¿tendrá que seguir pagándolo el contribuyente?
