Las prospecciones petrolíferas parecen querer tomar el relevo a la conflictividad educativa en este inicio de curso 2015-2016. Decenas de personas se manifestaron este miércoles en Maó y los partidos políticos- hoy mismo lo ha hecho el PP Illes Balears- se suman a todo tipo de acciones para que el Mediterráneo quede libre de petróleo.
Llama la atención que el Gobierno de Pacto presidido por la socialista Francina Armengol esté entre los impulsores de la oposición a los sondeos porque fue el gobierno de Rodríguez Zapatero, con el visto bueno del de Francesc Antich, quien los autorizó. Entiendo que si esa autorización se hizo mal honra a los socialistas el reconocimiento del error y el propósito de enmienda.
Pero, ¿realmente se hizo mal autorizando los sondeos? Ésta es realmente la cuestión. ¿Qué motivos sirvieron para apoyar la ejecución de estos controvertidos proyectos en aguas del Mediterráneo, ese mar al que se asoma buena parte de la riqueza económica, y con ella social, de nuestro país, de Baleares? ¿Tan poco firmes eran o tanto ha cambiado la situación como para perseguir la anulación de los permisos a toda costa?
Desconozco esos motivos ni tengo conocimientos suficientes -más allá de la intuición de que tenemos una cuenta pendiente con las energías renovables- para opinar sobre nuestra política energética, pero, en este punto, lo que sí tengo claro es que los procedimientos administrativos están -o deberían estar- para garantizar la transparencia y la adecuación a la legalidad de cualquier proyecto.
Una participación activa, puntual y responsable en los expedientes que están en marcha es tan necesaria, o más, que perseguir cambios legislativos a medio plazo, y lo segundo- más efectista, sobre todo si se huye de la dinámica parlamentaria y se sale a la calle, se firman manifiestos, etcétera- no debería despistarnos de lo primero, de no pasar ni una en la tramitación administrativa.
Debemos aprovechar los mecanismos legales al alcance para parar estos sondeos que tanto cuestionamos y, de paso, aprender de ellos que se impone avanzar en una cultura del consenso que permita tomar decisiones en base a motivos contundentes, para que las políticas en cuestiones estratégicas no acaben convertidas en rifirrafe partidista que, a menudo, parece que poco tiene que ver con la protección del entorno y de nuestro patrimonio natural, la garantía de derechos o el incremento del bienestar social.
