Los 50,6 millones que costaría la aplicación del plus de carrera profesional (y los sexenios en educación) para todos los trabajadores de la función pública de Baleares en 2015 y 2016 hacen inviable su implantación.
Así lo ha asegurado el Govern que, pese a reconocer que es un “derecho adquirido“, ve inviable su aplicación dada la situación financiera de la Comunidad. Por este motivo, sostiene que es “una medida obligada” el aplazamiento del abono del plus, si bien ha expresado su “intención de negociar un plazo viable de aplicación”.
Desde el Govern han acusado al Ejecutivo de Bauzá de actuar “con ligereza e irresponsabilidad, jugando con los funcionarios públicos, para evitar un frente abierto durante la campaña electoral”, y han recordado que los acuerdos de Govern de 24 de abril y de 8 de mayo sobre carrera profesional no contaban con el apoyo presupuestario adecuado.
