La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y la Asociación Frisona Balear se han reunido este lunes para conjurar un temor que se confirmó la semana pasada, el de que las ayudas estatales al sector lácteo no llegaran a las Illes Balears. Se ha acordado crear un frente común para reivindicar que los baremos de reparto atiendan a la insularidad, puesto que en la actual es el precio de la leche, no sus costes de producción, que son más altos en el Archipiélago a consecuencia de condición insular y ello impide a los ganaderos menorquines y mallorquines acceder a esta línea de subvenciones.
El sector lamenta que no se haya tenido en cuenta esta condición, un lamento que debería valorarse en su justa medida. Que la situación del campo es complicada no hace falta decirlo, que es más complicada en un territorio insular donde la mayoría de suministros llegan desde el exterior, tampoco, que se necesitan apoyos para garantizar la viabilidad de las explotaciones también es cosa sabida.
Ahora bien, ¿se debe ayudar a un sector que reconoce que no peligra su subsistencia a futuro (como lo hizo el menorquín tras conocer los criterios de ayuda)? Porque esta sería la clave. Si hablamos de explotaciones en riesgo de desaparición sin ayuda externa se puede entender que esa ayuda se destine a esas explotaciones. Si hablamos no de subsistir sino de ser más rentables, entonces los criterios para distribuir los fondos deberían ser otros para que también los ganaderos baleares pudiesen acogerse.
Como los recursos son limitados, la raya debe ponerse en alguna parte y la raya se ha puesto en esta ocasión en el precio al que venden la leche los ganaderos, un precio que, al menos en Menorca, está por encima del que se paga en la Península. Si esto es así, si el precio que se paga en la Península es inferior y no cubre los costes pese a ser éstos menores, debería analizarse si ello obedece a motivos realmente insalvables o a que las explotaciones peninsulares no están esforzándose por ser más eficientes y rentables, y/o sus clientes están aumentando sus beneficios a costa del productor.
En el primer caso – motivos insalvables– se podría entender que las subvenciones beneficiasen a los ganaderos peninsulares, pero en el segundo –ineficiencia, abuso de los compradores– estaríamos ante un agravio comparativo porque en vez de estimular a las explotaciones deficitarias a mejorar y a la cadena de distribución a ser más justa, se estaría castigando a las explotaciones que sí hacen bien su trabajo y a los compradores responsables. Alguien debería clarificar esta cuestión.
