El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en Baleares que deroga la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democráticos. El Ejecutivo plantea la impugnación con la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, lo que permitirá la suspensión automática de la norma en su conjunto mientras el Tribunal Constitucional resuelve el recurso.
La decisión se adopta tras constatar la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma y con el objetivo, según el Gobierno, de evitar una vulneración de los derechos de las víctimas derivada de la derogación de la normativa autonómica. El recurso cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que aprecia que la ley balear incumple el deber de colaboración de las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática, en virtud del artículo 149.1.1 de la Constitución.
Derechos fundamentales
El Ejecutivo sostiene que la norma impugnada vulnera derechos fundamentales al afectar a la dignidad de las personas y a su integridad moral, recogidos en los artículos 10 y 15 de la Constitución. A juicio del Gobierno, la derogación no solo limita las actuaciones en materia de exhumaciones, sino que elimina también otros derechos esenciales de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, como el derecho a la verdad, a la reparación pública —tanto material como moral— y a las garantías de no repetición, especialmente a través de la educación y el reconocimiento institucional.
El recurso enmarca la ley balear en una serie de normas autonómicas de “concordia” aprobadas en otras comunidades como Aragón, Cantabria o la Comunitat Valenciana, todas ellas ya impugnadas ante el Tribunal Constitucional, y similares a otras actualmente en negociación. Según el Gobierno, estas leyes comparten una misma finalidad: derogar las normas autonómicas de memoria democrática, extinguir los órganos administrativos creados para su aplicación y paralizar los procedimientos en curso que no se refieran exclusivamente a exhumaciones, lo que, en la práctica, impide el cumplimiento efectivo de la ley estatal.
El Ejecutivo recuerda además que el estatuto jurídico de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos está reconocido a nivel internacional, especialmente en instrumentos aprobados por Naciones Unidas, y que estos principios han sido incorporados a la legislación española. Por ello, considera legítimo que una mayoría parlamentaria modifique su orientación política, pero subraya que no puede hacerlo vulnerando la Constitución, la ley estatal de Memoria Democrática ni el deber de colaboración entre administraciones públicas.
Con este recurso, el Gobierno busca que el Tribunal Constitucional suspenda de forma inmediata la ley balear y determine si su contenido vulnera el marco constitucional y legal vigente en materia de derechos fundamentales y memoria democrática.