El Ajuntament de Ciutadella informa de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma ha dictado el Auto 197/2025, en el que se desestima la petición de medidas cautelares presentada por diversos establecimientos y particulares en relación con las actuaciones en la plaza de Es Born y su entorno. La resolución permite mantener con normalidad el modelo de movilidad y ordenación del espacio público desplegado por el equipo de gobierno.
La jueza responsable del caso descarta que las actuaciones municipales puedan considerarse vía de hecho. La resolución indica que existe un título habilitante que ampara las decisiones adoptadas y que, por tanto, las actuaciones no se han llevado a cabo al margen del procedimiento. También señala que el debate sobre la validez de dicho título corresponderá al procedimiento principal, pero que en ningún caso puede considerarse que el Ajuntament haya actuado sin cobertura jurídica.
Además, la jueza destaca que la medida cautelar solicitada, que pretendía revertir de forma inmediata la configuración actual del espacio, no es adecuada ni proporcionada. La resolución subraya que las actuaciones ya están ejecutadas y en funcionamiento, y que deshacerlas supondría un perjuicio relevante para el interés general, incluyendo gastos públicos innecesarios y una alteración injustificada de la ordenación vigente.
El Ajuntament valora positivamente esta resolución, que confirma que las actuaciones en la plaza de Es Born y su entorno se han llevado a cabo dentro del marco legal y con criterios técnicos coherentes. El consistorio recuerda que el proyecto responde al objetivo de crear un espacio público más seguro, accesible y ordenado, con una movilidad más sostenible y una mayor calidad urbana para residentes y visitantes.
En el mismo sentido, el Ajuntament quiere remarcar que el Consell Insular de Menorca ha resuelto que la instalación de mobiliario urbano en la plaza de Es Born no constituye ninguna infracción de la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, dado que es competencia municipal autorizar y definir los criterios de intervención dentro del Conjunto Histórico, incluida la disposición del mobiliario urbano. Esta resolución confirma que las actuaciones realizadas se ajustan a la normativa patrimonial vigente y descartan cualquier vulneración en este ámbito.