Con el objetivo de "defender los intereses empresariales" PIME Menorca ha presentado alegaciones a las modificaciones de las ordenanzas de residuos y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los Ayuntamientos de Maó, Es Castell y Ciutadella, tras "detectar un patrón común: las empresas están soportando un aumento real y sostenido de la presión fiscal, pese a que algunas medidas se presentan públicamente como ajustes o incluso como rebajas".
PIME explica que el análisis detallado de cada expediente de modificación de las ordenanzas ha constatado que estas modificaciones, "lejos de aliviar la carga económica del tejido productivo, la incrementan, a menudo de manera poco transparente y sin una justificación técnica suficiente".
El Comité Ejecutivo de PIME Menorca ha subrayado que los empresarios menorquines viven un contexto especialmente complejo: incremento de costes, incremento de costes laborales continuos, registro horario, dificultades para encontrar personal, caída de márgenes y todo esto en un escenario de incertidumbre regulatoria constante como ha pasado con el Verifactu o el incremento de cuotas de los autónomos.
Y en este contexto, las administraciones locales deberían actuar con una especial sensibilidad y responsabilidad, no aumentando la presión fiscal por vías indirectas, como son las tasas o tributos municipales.
IBI en Es Castell y Maó: reducciones simbólicas que esconden un aumento real
En el caso de Es Castell, "la supuesta rebaja del tipo del IBI del 0,72% al 0,70% queda totalmente neutralizada por la reducción de la bonificación por domiciliación, lo que hace que el contribuyente, lejos de pagar menos, termine pagando lo mismo o más".
En Maó, aseguran que "el tipo del IBI sigue por encima de la media balear y estatal, incluso tras la corrección anunciada". Además, se mantiene un recargo específico del 0’87% para las actividades económicas, que supone "penalizar precisamente a quienes generan empleo y riqueza. Los propios informes municipales reconocen que la reducción del tipo queda casi anulada por la rebaja de la bonificación por domiciliación".
La Federación reclama un tipo del 0,60%, ajustado a la media nacional, y la ampliación de bonificaciones que realmente apoyen a quienes sostienen la actividad económica local.
PIME Menorca considera especialmente grave que, en ambos municipios, las ordenanzas presenten como “rebaja fiscal” lo que en realidad es un reajuste cosmético.
Tasas de residuos: cuando la carga fiscal sube sin que mejore el servicio
Las nuevas tasas de recogida y tratamiento de residuos de Maó, Es Castell y Ciutadella comparten problemas estructurales que afectan directamente a empresas, comercios y autónomos.
"Las ordenanzas carecen de datos reales de generación, no desglosan costes, aplican coeficientes sin respaldo técnico y se apoyan en cálculos no verificables. La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera estos casos causa suficiente para la nulidad de las ordenanzas, lo que expone a los ayuntamientos a futuros litigios y a las empresas a una inseguridad jurídica injustificada".
PIME Menorca cree que al no existir medición real, "se aplican criterios para el cálculo de la cuota a abonar que poco o nada tienen que ver con la generación de residuos: metros cuadrados, valor catastral o tipología del local". "En Ciutadella, por ejemplo, el valor catastral se convierte en el eje de cálculo de la tasa, un método que no guarda relación con el uso real del servicio.
A esto se añade que muchas empresas ya pagan a gestores autorizados para que se hagan cargo de los residuos que generan y, en algunos casos, supone una doble carga por el mismo concepto".
Sobrecarga injusta sobre las actividades económicas
En Maó y Es Castell, los coeficientes aplicados a las empresas "elevan de forma desproporcionada las cuotas, llegando a representar cerca del 50% de la recaudación pese a que el número de viviendas es muy superior. En algunos casos, empresas de bajo impacto acaban pagando más que otras que generan mayor volumen de residuos".
Los empresarios califican esta situación de absolutamente injusta: "las empresas están pagando de más por un servicio que no se ajusta ni a su uso real ni a criterios de proporcionalidad ni a los criterios de la UE de generación de residuos".
"PIME Menorca continúa velando por la protección de las empresas y también de la economía local advirtiendo a los Ayuntamientos que precisamente es a las empresas a las que tiene que proteger para que sigan generando recursos y proporcionando bienestar en los municipios en los que están instaladas".
La Federación, insiste, "continúa estando dispuesta a colaborar con los consistorios para mejorar las ordenanzas, aportar soluciones y avanzar hacia modelos más eficientes y justos". Sin embargo, exige que las administraciones no trasladen más carga fiscal a quienes ya sostienen el peso del empleo y la actividad económica.