¿Recuerdan ustedes “Atrapado en el tiempo”, aquella película en la que su protagonista despertaba un día tras otro en el “Día de la Marmota” de Punxsutawney? Pues, a menudo, con la actualidad informativa se tiene la misma sensación. El puerto de Maó asiste una vez más al intento de contar con una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. A este plan se vinculan muchas de las soluciones con las que se quiere reavivar la bella rada mahonesa.
Autoridad Portuaria de Baleares tiene una cuenta pendiente con esta cuestión. El intento anterior permaneció dormido en un cajón durante muchos años. El entonces Plan de Usos de Espacios Portuarios se había comenzado a tramitar en 1996 aunque se aprobó finalmente en 2006 (después de ocho años sin trámite público alguno). Cuatro años después, Autoridad Portuaria se dispuso a poner en marcha la segunda fase de ocupación de bienes y derechos derivada de aquel plan (la primera había implicado recuperar la zona de La Solana, en manos particulares en virtud de concesiones administrativas agotadas).
Esta segunda fase suponía la adquisición de las casas y solares de Cala Figuera y el anunció sorprendió a los propietarios (propietarios que no concesionarios) y motivó su oposición articulada en torno a la plataforma “Salvem Cala Figuera”. Era abril de 2010 y en julio de ese año APB renunciaba a llevar a cabo sus planes, expropiaciones incluidas, en la zona. Desde entonces, diferentes instituciones, entre ellas el Consell, los Ayuntamientos de Mahón y Es Castell, incluso la propia Autoridad Portuaria, han defendido que la ejecución de instalaciones náutico-deportivas en Cala Figuera era compatible con las casas que hay allí.
Sin embargo, en este tiempo Autoridad Portuaria ha ido adquiriendo propiedades en esta zona y al elaborar su nueva propuesta de plan de usos ha obviado hacer constar el uso residencial porque legalmente no puede hacerlo. Una línea, una simple línea- la que delimita la zona de servicio- marca la diferencia. Según se dibuje la línea las casas quedan dentro o fuera de la zona de servicio y se puede vivir o no en ellas. ¿Quién dibuja la línea? Autoridad Portuaria, más concretamente los técnicos a los que APB encarga diseñar los instrumentos de planificación.
Todo depende de una línea y me pregunto ahora, como me preguntaba en 2010, qué problema hay en compatibilizar el uso residencial con el pesquero, el náutico o el comercial, como sucede en casi todo el puerto de Mahón. Asisto perpleja a la posibilidad de que los posicionamientos públicos en defensa de los vecinos queden en nada y que ni el estilo tan diferente que Alberto Pons, el nuevo director de APB ha querido imprimir al ente, sea capaz de disipar la incertidumbre permitiendo a aquellos “raúles” que conocí allá por 2010 puedan finalmente respirar tranquilos, y articular un plan de usos integrador que contribuya a potenciar un puerto que todos, residentes y visitantes, puedan sentir como suyo.
