La Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y Endesa han firmado este jueves un convenio de colaboración con el fin de coordinar las gestiones que sean necesarias para evitar el corte de suministro eléctrico a las familias de las Islas que tienen menos recursos y han sido detectadas previamente por los servicios sociales de los ayuntamientos.
El presidente de la Felib, Joan Carles Verd y el director general de Endesa, Martí Ribas, han firmado el acuerdo al que, ahora, los consistorios, se pueden adherir a este bono social que está activo desde el año 2014.
La intención del convenio, que se adapta al nuevo marco legal con el pago de las facturas eléctricas que tiene un plazo establecido en cinco meses, es que ninguna persona en situación vulnerable se quede sin electricidad. Todos las personas que ya se benefician lo deben renovar en las sucursales de Endesa.
Este bono, desde el año 2014, ha beneficiado a alrededor de 2.000 familias de Baleares, si bien esta tendencia “va a la baja”, ha dicho el presidente de Endesa.
Por su parte, el presidente de la Felib ha explicado que se dará difusión al convenio nuevo. “Marcamos una manera de actuar para facilitar el contacto con la gente que lo necesita y evitar las situaciones de necesidades”.
Según ha explicado Verd, toda persona que no pueda pagar la factura de la luz tiene que ponerse en contacto con los servicios sociales para que éstos lo notifiquen a la empresa suministradora.
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, prevé que las empresas comercializadoras de referencia podrán suscribir convenios con las administraciones autonómicas o locales que establezcan los mecanismos de coordinación para evitar la suspensión de suministro de electricidad por impago a estos consumidores, con el objetivo de que los servicios sociales correspondientes puedan prestar y acreditar mediante el correspondiente certificado la ayuda económica para el pago de las facturas.
Además, el decreto recoge que los convenios que se suscriban atenderán al establecimiento de plazos concretos para el pago de las obligaciones que se deriven, así como a la acreditación mediante certificado por parte de las administraciones autonómicas o locales de los pagos efectuados ante la comercializadora de referencia, y se tiene que tener en cuenta, a estos efectos, el plazo de cinco meses establecido.
El importe mínimo a cofinanciar por la administración que gestione las ayudas económicas para evitar la suspensión del suministro de electricidad por impago aparecerá reflejado en cada factura y será el correspondiente al importe de la factura a PVPC previo a la aplicación del descuento por bono social.
Adicionalmente, se extiende la aplicación de determinadas medidas a las personas residentes en los municipios de Baleares que no cumplen los requisitos establecidos para ser beneficiarios del bono social ni de los derechos que comporta, pero que, atendiendo a sus circunstancias económicas, encuentran dificultades para hacer frente al pago de los suministros básicos de electricidad de su vivienda habitual.
En concreto, Endesa contribuirá a las finalidades del convenio a través de medidas como descuentos en la factura eléctrica a clientes vulnerables, ayudas a clientes en riesgo de exclusión social, y la ampliación del plazo de pago a soportar económicamente los derechos otorgados a los clientes que presentan dificultades en el pago de las facturas.
Asimismo, la compañía se compromete a realizar conferencias sobre el contenido de la factura eléctrica y la mejora de hábitos de consumo, así como charlas informativas a técnicos de servicios sociales y reuniones de seguimiento de la actividad con las administraciones públicas.
