De los 82 acusados, 74 se han avenido a admitir el delito de abandono del servicio y a abonar cuantiosas indemnizaciones a los afectados a cambio de rebajas de las peticiones de condena por parte de la Fiscalía y las acusaciones particulares, y rubricarán acuerdos de conformidad.
Las solicitudes de pena variarán en función de que los encausados fueran inductores o meramente seguidores de los directivos de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), el sindicato mayoritario del colectivo señalado por promover el colapso aéreo.
USCA ha pagado ya 15 millones de euros de indemnización que cubren tanto a los perjudicados en Madrid como en Balears, para contribuir a la retirada de las acusaciones por parte de damnificados que ejercen la acusación particular.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron al inicio del puente de la Constitución de 2010, tras varios meses de conflicto laboral entre el ente público de gestión aeroportuaria y el colectivo de controladores por la regulación de las jornadas de trabajo.
El juez que instruyó la causa apreció “indicios bastantes” para entender que varios representantes sindicales convocaron a los controladores de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca y como medida de presión a Aena y al Gobierno “decidieron, de forma conjunta y coordinada, en las asambleas que tuvieron lugar en los tres aeropuertos, paralizar el tráfico aéreo español sin tener en cuenta las repercusiones que ello tendría”.
Decidieron “simular incapacidades psicofísicas para el trabajo”, según recogió el auto de apertura de juicio, que indica que los controladores investigados que debían irse incorporando a los turnos programados el 3 de diciembre en los tres aeropuertos, en su mayoría alegaron incapacidad por estrés y ansiedad que les impedían ejercer sus funciones, otros no se presentaron al servicio y otros no fueron localizados.
Esta situación dio lugar a retrasos y cancelación de vuelos, falta de información, desconcierto de los pasajeros y se declaró el cierre del tráfico aéreo, “provocando numerosos perjuicios materiales y morales”.
Lo mismo ocurrió en el turno de mañana del día 4, hasta que el Gobierno decretó el estado de alarma, lo que provocó que la mayoría de controladores se reincorporasen a sus puestos de trabajo en los tres aeropuertos de Balears y la reanudación del tráfico.
Junto a la Fiscalía, ejercen la acusación particular cuatro grupos distintos de afectados y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) como acusación popular.
La Fiscalía acusa por un delito de abandono de funciones y, alternativamente, por sedición. Considera autores del delito a 51 controladores aéreos y cooperadores a otros 30 y además ha pedido el archivo de la causa para dos de los investigados.
Por el delito de abandono de funciones, el ministerio público solicita que se impongan a los acusados penas de multa de 36.000 euros a cada uno y dos años de suspensión para el ejercicio de la actividad de controlador aéreo.
De forma alternativa, y en el caso de que se estime que los hechos constituyen un delito de sedición, la Fiscalía pide una pena de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la navegación aérea durante el tiempo de la condena.
Pide también que indemnicen de forma conjunta y solidaria a 279 perjudicados por los gastos y por los perjuicios morales por no poder disfrutar de sus vacaciones.
Las acusaciones particulares formulan distintos escritos en los que unos acusan a 84 controladores, otros a 76, y algunos piden penas diferentes para los representantes sindicales y para los demás. En conjunto, las penas que piden oscilan entre multas de 108.000 euros para cada acusado y 11 años de prisión.
Las indemnizaciones que reclaman van desde 30.500 euros de una de las acusaciones a 2.937.904 euros de la que más solicita.
