Andalucía, Baleares, Galicia, Castilla- La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra…. De norte a sur y de este a oeste, los médicos de la sanidad pública no dejan de salir a la calle y de posicionarse, llegando a la dimisión en bloque o a la exigencia de renuncias, para reclamar mejoras en la atención que prestan y en sus condiciones laborales.
En la Primaria piden más tiempo y, como en otras áreas asistenciales, más recursos técnicos y humanos. En el horizonte, nuestro sistema de salud no deje de estar considerado como uno de los mejores del mundo, garantizando a todos los pacientes no sólo la equidad de acceso al sistema sino también la de resultados con independencia del lugar donde residan.
Los nuevos embates de la “marea blanca” coinciden con una tendencia “desprivatizadora” impulsada por gobiernos de diferentes comunidades autónomas. En determinados casos, no parece que la reversión de concesiones haya coincidido con una mejora de los resultados en las áreas sanitarias y hospitales recuperados.
A modo de ejemplo, cabe destacar que las auditorías elaboradas por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana reflejan que los departamentos gestionados bajo el modelo de concesión copan las primeras posiciones en el ranking de áreas sanitarias más «eficientes y eficaces», y que suponen un mayor ahorro para las arcas públicas.
¿Significa eso que la Administración no puede gestionar de manera directa sus servicios sanitarios? Por supuesto que no. Pero ante los crecientes y exigentes retos que se plantean a la sanidad pública, se impone revisar la necesaria colaboración con el sector privado e incorporar en el público sistemas de gestión que favorezcan su eficiencia y eficacia, y redunden en la satisfacción de los pacientes y los profesionales.
Privar a la iniciativa privada de la posibilidad de operar en el ámbito de la sanidad, apelando al argumento de que no se ha de permitir que se enriquezca a costa del sistema público, sin emplearse a fondo para que ese sistema público se gestione con criterios de eficiencia y eficacia es irresponsable y temerario. Mientras la Administración no se crea que la sanidad pública no ha de ser rentable pero sí sostenible, las batas seguirán saliendo a la calle.
