El GOB reclama mejorar la normativa sobre agroturismos – menorca al día
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El GOB reclama mejorar la normativa sobre agroturismos

Los ecologistas denuncian la existencia de promotores que pervierten el espíritu de la ley para edificar el campo

Santa Ponsa.
Santa Ponsa.
El GOB pone esta finca de Alaior como modelo de uso incorrecto de la normativa de agroturismo. (Foto: GOB)

El grupo ecologista GOB solicita una cambio en la normativa sobre la transformación de fincas agrícolas en alojamientos de agroturismo. Los conservacionistas señalan que hay inversores que aprovechan la normativa para ampliar la superficie dedicada a fines turísticos y luego solicitan nuevas construcciones  para uso agrícola. El GOB entiende que se trata de una perversión de la idea original de la ley que pretendía que el agroturismo fuera un complemento de la explotación del campo y no su fuente principal de riqueza.

El GOB de Menorca pone el ejemplo de la finca Santa Ponsa, en Alaior, donde sus promotores acusan a los ecologistas de estar contra el turismo al torpedear la reforma del lugar como un agroturismo. Desde el GOB niegan que vayan contra los visitantes. El problema es, a su juicio, otro bien distinto, de carácter urbanístico.

Santa Ponsa tiene 6.266 metros cúbicos de volumen en edificios actualmente y los inversores quieren construir 2.500 m3 más para fines turísticos. Una vez acabe esto pedirán más inmuebles para instalaciones agrícolas ya que no hay impedimento para edificaciones de uso rural.

La propuesta de esta finca se ha topado con alegaciones del GOB y del propio Consell. Miquel Camps es el coordinador del GOB. Señala que no es lógico que destinen todas sus construcciones actuales y las amplíen para destinarlas sólo a uso turístico ya que no tendrán espacio entonces para el material y la producción agraria.

La finca de Santa Ponsa no es la única que actúa así. Hay otros como Torrevella, según el GOB, que actúan igual. El objetivo siempre es el mismo, según Camps, aumentar la zona edificada para que así el terreno tenga más valor.

No obstante, los ecologistas reconocen  que no todos los casos son como estos y que hay promotores que están recuperando la actividad agraria sin toda esta negociación urbanística incorporada.

Para el GOB, el caso de Santa Ponsa pone sobre la mesa la urgente necesidad de regular mejor las cosas para evitar que alguien se aproveche pervirtiendo la idea original de un agroturismo.


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