En la apertura del nuevo año judicial el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha vuelto a insistir, por tercer o cuarto año consecutivo, en que la situación del órgano de gobierno de los jueces es insostenible, debido a que gran parte del mismo tiene su mandato caducado desde hace ya más de dos años y lo ha hecho con críticas poco veladas hacia el gobierno.
Resulta curiosa la insistencia que año tras año demuestra el señor Lesmes por la situación, pero sigue en el cargo cuando podría dimitir, él y el resto de los caducados, con lo que obligarían al gobierno y a la oposición a sentarse a negociar en serio la renovación.
El PP lleva bloqueando la renovación porque ahora hay una mayoría del consejo afín y en cambio no tiene mayoría en el Congreso ni el Senado, por lo que la renovación le restaría capacidad de influencia y control que es, en definitva, lo que buscan los partidos políticos. Prefiere el PP que continúe un consejo caducado en el que mantiene una confortable mayoría. Y no hay que olvidar que hasta hace poco los vocales caducados seguían nombrando jueces para cubrir vacantes en puestos muy determinantes de la magistratura.
Dicen las asociaciones profesionales de jueces mayoritarias, de carácter conservador o muy conservador, que eso no sería la solución, no se entiende muy bien cual sea la razón, mientras que la asociación de Jueces y Juezas por la Democracia sí que sería partidaria de la dimisión.
Argumentan los jueces conservadores que la solución es cambiar el mecanismo de elección y nombramiento de miembros del consejo, que debería pasar a hacerse por parte de los propios jueces. Es muy dudoso que tal solución sea la idónea, ya que no haría sino fomentar el corporativismo y, teniendo en cuenta el apabullante predominio de entre los jueces españoles de las sensibilidades conservadoras o muy conservadoras, el sesgo ideológico de la organización sería aún superior al actual.
En cualquier caso, que dimitan ahora no es incompatible con que se explore una nueva vía para elegir los miembros de la institución que, lógicamente, requerirá tiempo y mucha negociación, incluso si se llegara a considerar.
La elección de los miembros del Consejo General, y los del Tribunal Constitucional, por parte de los representantes electos de los ciudadanos es un mecanismo que debería garantizar el equilibrio en ambas instituciones, amén de que es mucho más democrático que la cooptación corporativa, pero que se ve desvirtuado cuando se produce un bloqueo por parte de alguno de los partidos mayoritarios, ya que, en su momento, se previó la necesidad de una amplia mayoría que requiere de un consenso entre los partidos más importantes. Este consenso viene siendo bloqueado desde hace unos años por el PP, en una actuación indecente, que lo único que pretende es esperar a mejorar su situación numérica en las cámaras legislativas a fin de proceder más adelante a una renovación con jueces de su interés.
Ante esta situación los miembros del Consejo General caducados deberían plantearse seriamente la dimisión, como postura ética y para obligar a los partidos a asumir su responsabilidad y proceder a la renovación de la institución. Y la pregunta que surge es: ¿por qué no dimiten?
