El debate en torno al futuro de la náutica social en el puerto de Maó ha cobrado fuerza en las últimas semanas, a raíz de las críticas de usuarios que alertan de un proceso de privatización progresiva y de la posible desaparición de los amarres de gestión pública. Ante esta preocupación, la Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha defendido que mantiene su compromiso con este tipo de navegación tradicional y que las nuevas concesiones contemplan mecanismos para preservar la actividad de embarcaciones de pequeña eslora.
El director de APB en Baleares, Antoni Ginard, ha señalado que los amarres destinados a embarcaciones de hasta ocho metros continúan contando con una oferta específica y que los precios que se aplican en este rango no superan a los vigentes en concesiones anteriores. Según ha explicado, el objetivo es mantener la accesibilidad de la náutica recreativa de carácter social, una actividad que forma parte del tejido cultural y familiar de muchas personas vinculadas históricamente al puerto de Maó.
Nueva concesión y continuidad de los amarres de pequeña eslora
Sin embargo, la situación ha generado inquietud entre los usuarios de los amarres de gestión directa del Moll de Ponent, frente a la lonja de pescadores. En esta zona, 57 puntos de amarre used habitualmente por embarcaciones de menor eslora han salido recientemente a concesión, tras ser licitados por APB a finales del año pasado. La asociación Es Jonquet, que representa a estos usuarios y que forma parte del Consejo de Navegación y Puerto, afirma no haber sido consultada ni informada del proceso, y denuncia que la decisión se ha tomado por la vía de los hechos consumados.
La principal preocupación de este colectivo radica en el aumento previsto de las tarifas. Según indican, las tarifas de referencia del expediente de concesión duplican las actuales, lo que podría comprometer la continuidad de muchas embarcaciones de carácter social, cuyos propietarios mantienen una vinculación tradicional con la navegación en Maó. También les inquieta la falta de certeza respecto a la estabilidad del futuro concesionario, así como las condiciones que regirán la utilización de los amarres durante el periodo concesional.
Una demanda elevada y un sistema dual de gestión
Desde APB se reconoce que la demanda de amarres para embarcaciones de pequeña eslora es muy alta y que esto genera listas de espera, un fenómeno que no es nuevo en los puertos de Baleares. Ginard defiende que precisamente por esta razón se reserva una parte de los amarres a precios sociales dentro de las concesiones, con el fin de evitar que el mercado encarezca un segmento tradicionalmente accesible. Según ha explicado, los precios establecidos en este rango se equiparan a los antiguos amarres de adscripción directa, lo que permite mantener una continuidad de uso.
El sistema de gestión del puerto contempla diferencias importantes entre los amarres de gestión directa y los gestionados mediante concesión. Mientras los primeros no tienen fecha de caducidad y, en algunos casos, pueden incluso ser heredados, los segundos están sujetos a un plazo limitado, que en esta licitación alcanza un máximo de veinte años. La asociación Es Jonquet considera que esta evolución supone una amenaza para el modelo público de gestión y teme que pueda abrir la puerta a futuras privatizaciones que reduzcan progresivamente el espacio destinado a la náutica social.
Un proceso que reabre el debate sobre el modelo portuario
La licitación actual incluye un total de 17.578 metros cuadrados de espejo de agua correspondientes a los pantalanes 2 y 3, con capacidad para cerca de sesenta embarcaciones, hasta ahora gestionadas directamente por APB. La decisión ha reactivado el debate sobre el equilibrio entre gestión pública y concesiones privadas en los puertos, especialmente en zonas con presión turística y alta demanda de amarres.
Mientras APB insiste en que su estrategia mantiene la protección de la náutica social y que los precios para embarcaciones de hasta ocho metros no sufren incrementos, los usuarios afectados consideran que el nuevo escenario introduce incertidumbre sobre su futuro en el puerto de Maó. Entre ambas posturas, el proceso ha puesto de manifiesto la necesidad de diálogo y de mecanismos que garanticen la continuidad de una actividad profundamente arraigada en la vida marítima de la ciudad.