Tras la decisión del Congreso de los Diputados de tumbar la pasada semana el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, el ministerio de Hacienda ha anunciado este lunes que impulsará un nuevo decreto ley que permitirá a los ayuntamientos disponer de más recursos financieros al suspender la regla de gasto para el presente año 2020.
En concreto y ante la crisis del coronavirus, en marzo, el Gobierno aprobó un decreto ley destinado a facilitar la financiación de determinadas inversiones con el superávit municipal, inversiones cuyo 20 por ciento se destinaría a actuaciones sanitarias, en servicios sociales y promoción social.
El presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), Toni Salas, ha explicado a mallorcadiario.com que “ante todo hay que tener en cuenta que no es lo mismo superávit que remanente. Aquí de lo que se está hablando es de los superávits de los consistorios; poder utilizar para inversiones los superávits del 2019 y aquellas inversiones que ya estén financiadas con el superávit del 2018″.
Otro aspecto llamativo es que con este decreto ley, los ayuntamientos no podrán ejecutar las inversiones que deseen ya que las mismas, para poder ser aceptadas por Hacienda “deberán cumplir que una parte de este superávit vaya destinado a inversiones para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus y otra parte se destine a inversiones financieramente sostenibles, como puedan ser ciclo del agua, depuración, regadíos o instalación de placas solares”, señala Toni Salas.
El máximo responsable de la Felib apunta que “a la hora de invertir, los municipios deben considerar el superávit obtenido en el 2019 y, si tienen capacidad de gastar, lo podrán hacer o, incluso, esta inversión podrá alargarse hasta el 2021″.
Salas desconoce cuánto dinero podrán liberar los ayuntamientos de Baleares con esta medida “ya que todavía es pronto para cuantificarlo, aunque a grosso modo estimamos que podrían ser cerca de 200 millones de euros”.
Otra de la medidas que impulsará el nuevo decreto hace referencia a los ayuntamientos que tengan déficit presupuestario y que podrán obtener préstamos a más bajo interés. Además, podrán convertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.
Por último, el presidente de la Felib vuelve a recordar que “el problema es que la autonomía financiera de los ayuntamientos se encuentra limitada desde hace años, desde que se puso en funcionamiento la Ley Montoro, por lo que no podemos disponer de nuestros superávits, tal y como desearíamos. Ahora, en una crisis sociosanitaria, se tiene que poder invertir el remanente en las redes económicas y sociales más próximas a los ciudadanos. Gastar el 80 por ciento del superávit de 2019 en inversiones financieras más sostenibles está bien, pero lo más importante es que los ayuntamientos podamos decidir cómo y en qué gastar el dinero de los remanentes acumulados durante años”.
