No es una declaración política, ni una carta, ni un comunicado. En esta ocasión es una declaración judicial. Nuestro presidente declara en calidad de testigo en el proceso penal de investigación que se sigue contra su esposa.
Ni lo uno ni lo otro es la mejor imagen para una presidencia de gobierno, y menos cuando está haciendo una gestión política con este gobierno “TFM” ( Trabajo de fin de master) de facultad de Ciencias políticas. Un susto lo hemos visto con la derrota del último proyecto de ley presentado con el voto en contra de Junts, tratando de presionar en el ámbito general para influir en el ámbito catalán. la presidencia de la Generalitat de Puigdemont. Como en nuestro sistema constitucional los votos de la soberanía popular no sirven, gobierne quien gobierne, todo esto se ve como algo normal, como un juego de rol. Pero no es un juego para los que no juegan, ni se divierten con él, ni se ganan el sueldo con ello. Por cierto resulta que el Presidente de Andalucía declara que los políticos andaluces tienen dificultades para llegar a fin de mes con las dietas que les pagan. Que venga Dios y lo vea y que declare en calidad de testigo en el reino de los cielos.
Esta forma de gobernar es un tema de catedra en una facultad de políticas de cualquier universidad. No debe dejar de reconocerse la genialidad del intento. Es una creación política basada en un concepto propio de autoestima y valoración de capacidades personales, que lo hace un producto de marca, con denominación de origen y que evidencia un tendón de aquiles
En este ambiente que un juez visite la Moncloa para tomar una declaración al presidente de gobierno, en contra de la voluntad legal manifiesta de su inquilino, es muy perturbador, y francamente malo. Y creo que es interesante para comprender las claves de donde estamos una explicación de la declaración de la Moncloa y porque le ha llegado la bola al presidente y la duda sobre a donde va a llegar esto. De salida pensé que era pan comido quitárselo de encima teniendo en cuenta el querulante, pero ahora ya no lo tengo tan claro, porque las cosas no van como podrían y deberían ir. Y me lleva a cuestionarme a ver si para gobernar se está de TFM pero para resolver un problema judicial se está de nivel de prueba de acceso a la universidad.
Tenemos un sistema penal basado en una concepción democrática de la acción penal, hasta el punto de que se reconoce la “acción popular”, y la denuncia realizada por cualquier ciudadano. La idea de la persecución del delito se considera como una obligación.
En este punto nos aparece una asociación, que se define como un sindicato de funcionarios públicos, y que sostiene que su objetivo principal es luchar contra la corrupción en la administración pública y promover la transparencia en las instituciones. A lo largo de los años, ha intervenido en diversos casos de corrupción en España, presentando denuncias y querellas contra políticos, empresarios y funcionarios públicos. Nos los encontramos en el caso NOOS, el caso ERE. Pero también ha tenido sus reveses, ha estado involucrada en varios casos polémicos a lo largo de los años. Uno de los casos más conocidos fue un escándalo en el que se vio implicada su cúpula directiva por presunta extorsión a diferentes personalidades y empresas a cambio de no presentar denuncias en su contra. Este caso resultó en la detención de varios de sus líderes y la desarticulación de la organización en 2016, aunque posteriormente fue reconstituida. Ha estado involucrada en otros casos de denuncias consideradas por muchos como instrumentos de presión política o mediática, lo que ha generado controversia respecto a la independencia y la legitimidad de sus acciones.
Estamos presuntamente en el purito territorio “Lawfare”.Para esto no está ni el derecho ni los jueces. Pero los querulantes, como profesionales que son, saben lo que hacen o como lo cuentan, y algo le han debido contar al juez que le ha llamado la atención para ser investigado, y se ha procedido a realizar las primeras diligencias de investigación. Hasta ese momento y aun a día de hoy todo normal. Lo que le puede ocurrir o no a cualquier ciudadano, le ha tocado a la esposa del presidente del gobierno. Pero claro empieza el circo mediático y político, y la peregrinación del fiscal por el juzgado con una insistencia inusual.
Comienzan las primeras declaraciones y la cosa se empieza a complicar, porque pasan los periodistas, e inmediatamente después viene un discurso del Presidente del Gobierno en las Cortes contra los periodistas y regulación de bulos. Pasa un Rector de Universidad a declarar como testigo, y pasa a estar investigado. Pasa la investigada, y declara que no conoce los hechos de que se le acusa por lo que se suspende su primera declaración. En la segunda declaración, se niega a declarar y comete un segundo error. Lo más sensato, es declarar. Ya sabemos que la declaración es un instrumento de poder de quien declara, con todas las garantías, le permite decidir contestar a todos o a algunos y no contestar a preguntas. En este caso aunque es un derecho mentir no es una opción.
A estas alturas ya parece que existen indicios de que ha habido negocios, actividades, privadas o conexionadas con lo público, pero no aparecen indicios de ningún elemento punible, pero precisamente lo que toca es enfrentarlo y explicarlo. En este panorama apareció un empresario, que también presto declaración en calidad de testigo y dijo que se había reunido en Moncloa con la esposa del presidente y con el presidente, para temas empresariales. Con La negativa a declarar de la esposa del presidente, y la mención de su presencia por un tercero en declaración testifical, no hay más opción que acordar la citación en calidad de testigo, porque estuvo presente. Y en esta textura vuelta a producirse un error de planteamiento, y es la negativa del Presidente a hacer la declaración de la Moncloa y contestar por escrito.
Pero ya la culminación del error, ha sido forzar la entrada del Juez en la Moncloa, para negarse a declarar al amparo de la condición de cónyuges de la investigada, y el éxtasis ha sido dar órdenes a la Abogacía del Estado, que representa al país para que se querelle por prevaricación contra el Juez Instructor. Edad del juez 70 años, nada que perder ni que ganar en esta instrucción. Se podría haber evitado mediante la presentación de un simple escrito previo del testigo en el proceso indicando que no prestaría declaración , con todo el Derecho Procesal a su favor para no prestarla; pero no, hay que hacer ir al Juez al Moncloa, y la declaración de la no declaración más la querella por prevaricación. No es por intervención del Presidente de Gobierno en cuanto a tal sino de ciudadano esposo de una investigada que ahora utiliza los recursos de la Abogacía del Estado, que son de todos para la interposición de una querella personal. Y seguimos con una perdida de papeles y de templanza muy seria, también la esposa del presidente se quiere querellar por prevaricación contra el juez. Dicho de otra forma, de una querella basura, se ha conseguido hacer llegar la cuestión a la máxima tensión procesal, de manera mas que innecesaria abriendo todas las dudas del mundo y pasando al ataque contra el juez y no contra el querellante, como forma o estrategia de defensa.
Los hechos son tozudos pero muy simples, y dando un salto desde lo procesal a lo político, esta forma de actuar resultará muy costosa, porque parece más una postura personal de autoafirmación y amedrentamiento que una postura inteligente. Hay siempre indicios que muestran cuando se ha terminado el ciclo fértil para un político, y me parece que empiezan a darse demasiados, del agotamiento y de la confusión entre lo personal y lo institucional, el yo identificado con el Estado…
Lo que menos falta nos hace es un lio de este calibre en aumento, y mi deseo de corazón es que se termine ya y bien, y que se acuerde el archivo.
Pero también debo pedir que se hagan bien las cosas ahora por quien toca, porque no puede quedar sombra alguna, ni jurídica ni política sobre nadie del círculo de poder.
Ahora nos encontramos con un Juez al que la posición procesal de la investigada ha llevado a tomar una declaración testifical , que se le niega a declarar, y no puede parar porque en vez de ponerle cortafuegos se le esta poniendo gasolina. Ha de buscar otros medios de prueba, otras declaraciones o dejar el tema, con tanto ocultismo, en el terreno de los indicios no aclarados y cuidado, cuidado, con tirar para adelante.
Estaríamos a punto de ver imputada por torpeza a la mujer del Presidente del Gobierno y esto es muy, muy, muy serio para la institución y los precedentes y para la situación política actual en Cataluña y en el resto de España. En clave interna política, la corriente de oposición al Secretario General, se alinea de manera consistente, ya no parecen dos o tres presidentes autonómicos, y expolíticos socialistas hablando, sino una línea común y con unas líneas políticas muy claras, no a la amnistía, no al pacto con independentistas, y no al pacto fiscal con ERC.
Estando así las cosas, uno ya suscribe la posición de realización de nuevas elecciones en Cataluña porque el acuerdo de gobierno con Salvador Illa sea cual sea el resultado de las consultas en ERC, parece llamado a ser una bomba.
