El grupo parlamentario Més per Menorca ha exigido la destitución inmediata del conseller de la Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear, Juan Manuel Lafuente, tras trascender que habría presionado a la directora general de Costas para que firmara una resolución con la que discrepaba tanto técnica como jurídicamente. Para la formación menorquinista, estos hechos constituyen «uno de los episodios más graves de la legislatura» y ponen en entredicho la credibilidad de todas las decisiones adoptadas por su departamento, incluida la Ley del Litoral actualmente en tramitación parlamentaria.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha calificado de «intolerable» la conducta del conseller y ha criticado el intento de primar los intereses políticos sobre la legalidad técnica:
«Si un conseller fuerza a los técnicos para que firmen lo que él quiere, deja de gobernar bajo los principios de legalidad e imparcialidad y pasa a utilizar la administración pública al servicio de sus intereses políticos. La labor de los profesionales es garantizar que las decisiones se ajusten a la ley, no convertirse en simples notarios de las órdenes del conseller».
Més insta a Marga Prohens a actuar «por dignidad institucional»
Desde las filas menorquinistas reclaman una reacción inmediata a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Castells ha advertido de que mantener a Lafuente en el cargo significaría «asumir estas prácticas como propias del Ejecutivo autonómico» e insistió en que, si se confirma la existencia de presiones, el conseller «no puede continuar ni un minuto más en su puesto».
Asimismo, el grupo político sostiene que este incidente no representa un caso aislado, sino la «culminación de una forma de gobernar» que ya ha salpicado de controversia la gestión de la Conselleria en la isla. Entre otros episodios réplica de esta gestión, Castells ha recordado:
- El desbarajuste en la tramitación de autorizaciones de balizamiento en municipios como Es Mercadal y Es Migjorn Gran.
- La controvertida concesión de los amarres de Cala en Bosch.
- La inactividad ante la extracción ilegal de agua en el pozo de Llucalari.
- El incumplimiento en la habilitación de dispensadores de agua para camiones en la desaladora de Ciutadella, un compromiso anunciado el verano pasado y aún pendiente de ejecución.
Desde la formación concluyen que los ciudadanos de la isla «tienen derecho a saber si las decisiones sobre el litoral se han tomado conforme a los informes profesionales o según los intereses del PP», exigiendo la dimisión o el cese del conseller para devolver la estabilidad e imparcialidad a la gestión del entorno natural.