La futura ley de consultas que prepara el Govern balear permitirá preguntar a la población no sólo a nivel de toda la comunidad sino que también contemplará cuestiones de ámbito insular o municipal. Así lo señaló el director general de Transparència i Participació, Miquel Gallardo, adscrito a la Conselleria balear que gestiona Esperança Camps. Lo dijo en la sede del Consell de Menorca en donde ambos estuvieron de visita este miércoles.
Esperança Camps explicó que el redactado de la ley está todavía en una fase muy inicial por lo que es imposible detallar muchos aspectos. Lo que sí tiene claro es que deberá capacitar a las administraciones a realizar consultas de ámbito insular o municipal.
La consellera puso como ejemplo que el Consell de Eivissa quiere preguntar a sus administrados si se ejecutan inversiones que impliquen más del 10% del presupuesto anual o plurianuales que afecten a varios mandatos. Desde la Conselleria también se insistió en que la Oficina Anticorrupción del Govern debería estar en funcionamiento antes del verano.
Durante su reunión de trabajo se entrevistó con la consellera menorquina Cristina Gómez. La responsable insular explicó que desde el Consell se trabaja para poder disponer este mismo año de presupuestos participativos para la institución. Esto supondrá que la sociedad isleña pueda opinar sobre cómo gastar parte del presupuesto. Para poder dar esta opción el borrador de las cuentas del Consell para el próximo año debería estar listo después del verano para permitir un debate público. Gómez comentó que si no pueden estar listos para este ejercicio se hará para el próximo.
