Preocupado por las consecuencias y molesto por las formas. Jorge Tera, Secretario General Autonómico del Sindicato de Enfermería SATSE, no esconde su malestar ante el decreto del Govern por el que los profesionales del área sanitaria de las islas tendrán que acreditar conocimientos de catalán nivel B2 para acceder a oposiciones y bolsas de empleo. “Es una imposición de un partido político, que no se ajusta a la realidad”, afirma a mallorcadiario.com y lamenta que, con este paso, “el Govern se ha cargado la ‘paz social’ en el ámbito sanitario que se había conseguido en estos dos primeros años de legislatura, en los que se habían dado pasos adelante en la recuperación de derechos”.
Tera da datos: el 60 por ciento de los puestos más cualificados del área (A1 y A2 sanitarios) son cubiertos por profesionales de otras partes del España. “Hay que llamarles para que vengan. En estas condiciones, ¿quién va a querer trasladarse?”, lamenta. “Lo que no sabemos es cómo lo harán. El PSIB, que gestiona esta empresa pública de 14.000 trabajadores, va a tener serios problemas”, opina.
Tera incide en que “no hay ni había conflicto a causa de la lengua” y apunta al número de reclamaciones por cuestiones lingüísticas en un año: solo siete de miles. “La gente se queja por el servicio en sí mismo, por la falta de atención, por el retraso, pero por la lengua no. La comunicación se abre paso”.
No obstante, destaca que la postura de su sindicato no es el ‘No’ rotundo al catalán: “Con reiteradas sentencias, no estamos en posición de cuestionar a una Administración Pública por exigir ciertos conocimientos lingüísticos” y pone como ejemplo el caso de Euskadi: el euskera no es requisito general pero en los últimos años han ido implementando plazas por perfil lingüístico, es decir, en las zonas más vascoparlantes se pone como requisito, pero siguiendo una norma de proporcionalidad y progresividad. Así, en los valles de Guipuzkoa, todas las plazas requieren el euskera, en cambio, en el hospital de Vitoria, no.
“El problema de este decreto es que es rupturista. Cuando entre en vigor, de un día para otro, dejas fuera a más de 3.500 enfermeros, más todos los demás profesionales sanitarios”. Además, asegura que está plagado de inseguridad jurídica y dicen que van a tener que hacer “auténtica arquitectura para expulsar a la gente” debido a la puerta abierta de la excepción. “Un galimatías para los puestos temporales”.
Por otro lado, desde SATSE cuestionan las formas del Govern a la hora de negociar: “Armengol se ha llenado la boca hablando de diálogo y transparencia, criticando el mandato anterior, pero el hecho es que con nosotros jamás ha querido dialogar y negociar”. Así, Tera indica que solo les dieron 48 horas para estudiar un documento jurídico determinante, hacer las alegaciones sindicales y jurídicas pertinentes, y discutirlo en Mesa Sectorial “para finiquitarlo en dos horas”. Su sensación es que “no había ni hay intención de cambiar una sola coma y que la negociación era puro trámite”. De ahí su doble plantón a la Mesa junto a Simebal: “Que no pretendan hacernos copartípes de una pantomima de trámite”.
De momento, Tera dice que llevarán el decreto a los Juzgados y esperarán a ver las consecuencias en los mismos centros sanitarios: “Ya veremos si hay movilizaciones, desde luego, ésto enfrenta a la gente”.
(Una entrevista Cristina Suárez)
