Maó, 21 nov (EFE).- El grupo parlamentario del PSOE ha registrado una denuncia ante la Comisión de Ética Pública, adscrita a la Conselleria de Presidencia, contra el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por conflicto de intereses.
El PSOE censura que Lafuente mantenga su cargo público teniendo a la vez intereses particulares y familiares en el puerto de Addaia, cuya gestión depende de la concesión que le otorga al ente Ports de les Illes Balears, que él preside.
Lafuente forma parte de la familia propietaria de Addaya, la empresa privada que tiene otorgada la concesión administrativa hasta el año 2037.
El PSOE apela en su escrito al punto quinto del Código Ético, que define la existencia de conflicto de intereses cuando "los miembros del Govern y los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen al mismo tiempo intereses de su cargo público e intereses privados propios, de familiares directos o compartidos con terceras personas".
Los socialistas denuncian en concreto que el 12 de septiembre de este año el Consell de Govern acordó, con participación directa de Lafuente, modificar la Ley de Puertos, con lo que "incumplió el deber de inhibición o abstención que prevé la ley".
Esta modificación, votada a favor por el conseller, prevé que las concesiones que hasta ahora eran de 35 años, como es el caso de Addaya, puedan ampliarse hasta los 50 años y, de forma excepcional, hasta los 75.
Según el PSOE, Lafuente también ha intervenido al no declarar la caducidad del proyecto de ampliación presentado desde 2015 por Addaya y que debería haberse archivado a los seis años.
En marzo de 2023 la Conselleria de Medio Ambiente dictaminó que la validez de la declaración de impacto ambiental había expirado, pero Ports no ha incluido el archivo definitivo en el orden del día de ninguno de los consejos de administración celebrados hasta la fecha.
El grupo socialista también cree que ha habido conflicto de intereses al aprobar en diciembre del año pasado las tarifas máximas aplicables, que Addaya también podrá cobrar a los usuarios del puerto.
Ante todos estos argumentos, el portavoz adjunto del PSOE, Marc Pons, ha afirmado con claridad que "ni la ley ni el Código Ético" permiten compaginar el hecho de ser conseller y presidente de Ports IB con tener intereses en un puerto en particular", al que podría beneficiar.