Plinio el Viejo escribió que los avestruces meten la cabeza en la tierra. No es cierto: solo la bajan casi a ras del suelo. Desde lejos puede parecerlo. La imagen ha quedado como metáfora de una actitud: no ver para no sufrir. Y, como escribió Larra, “aquí todo se retrasa, menos la desilusión”. Quizá por eso la metáfora nos encaja tan bien.
Acabamos de pasar San Juan. El solsticio de verano ha llegado una vez más y la estación comienza con un panorama seco, político y democrático, como la sabana africana. Aquí también tenemos avestruces: animales y, metafóricamente, “humanos avestruz”. Su hábitat es un paisaje agostado en el que, por falta de riego intelectual, habitan los partidos políticos, el Congreso de los Diputados y buena parte de sus representantes. Siempre hay excepciones —como los árboles aislados en la sabana—, pero en general el terreno está seco.
No soy humano-avestruz ni bajo la cabeza. He escrito muchas veces sobre la política de este país y sobre los políticos, desde aquí, desde la frontera, en mis crónicas. Pero he rehuido ciertos temas: bien por entender que no era necesario decir nada, bien por estar aún en proceso de reflexión personal, viendo el mundo en su límite. Como diría Kapuściński, “cuando el poder pierde el sentido del límite, la sociedad pierde el sentido de la confianza”. Y ese límite se está desdibujando.
He escrito sobre las zonas territoriales más intensas —Asturias, el oso dormido; Euskadi; Cataluña; Galicia— y sobre la situación política. Tras un proceso de reflexión, he concluido que es necesario plantearnos una reforma amplia de la Constitución en varios aspectos.
Pero ciertamente no he escrito mucho sobre nuestro sistema democrático ni sobre el estado de la separación de poderes. Quizá ahí sí he hecho el moderado avestruz: no por no ver, ni por comodidad, sino por no tener las ideas tan claras como para escribirlas.
Los acontecimientos de las dos últimas semanas, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en los tribunales, nos colocan ante una realidad: la gravedad de la situación democrática a la que estamos llegando. No puedo callar ni dejar pasar el tiempo esperando que el peligro se disipe por sí solo. No lo hará. En mi artículo “Esperando a Godot”, al hilo de otro de Pedro González Trevijano, intuía que Godot no llegaría. Cada uno deberá ser su propio Godot. Como escribió Savater, “la democracia no es un regalo: es un ejercicio cotidiano de vigilancia”.
Hay que hablar del poder judicial. Es inevitable.
Como abogado de familia, estoy acostumbrado a ver de todo en los juzgados: decisiones incomprensibles, injustas, erróneas; vías de apelación que funcionan, pero cuya estadística es conservadora; procedimientos restrictivos; pérdida de la autonomía de la voluntad familiar bajo las nociones de orden público e interés del menor. Estos conceptos son estatales y discrecionales. Por tanto, esperar lo inesperado forma parte de mi trabajo. Otra cosa es silenciar que los juzgados han dejado de ser garantes de justicia y que la fe en la justicia cotidiana está a punto de quebrarse para los ciudadanos.
A la “normalidad” de decisiones sorprendentes debemos sumar algo mucho más grave: el colapso judicial, el retraso en la toma de decisiones, la lentitud de la tramitación —para algunos, pero no para todos—, la desigualdad en el trato. No es lo mismo un ciudadano común que otro distinguido a nivel del poder ejecutivo. Y la justicia se ha administrativizado.
Dicho de otra forma: los juzgados han dejado de ser órganos de justicia para convertirse en oficinas del negociado del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial está a un paso de convertirse en una “dirección general de jueces y juzgados”, mientras que el ministro de Justicia, poder ejecutivo, podría convertirse en presidente del Poder Judicial. Esta es la lucha de fondo entre ambos poderes.
El trato humano en los juzgados se ha despersonalizado, como si fueran un centro de salud saturado. No se respeta, salvo excepciones, la dignidad de la persona ni la condición de contribuyente del ciudadano. Una justicia lenta deja de ser justicia; una justicia convertida en negociado deja de ser justicia; una justicia que se reúne un fin de semana porque un ministro llama para expedientar a un juez deja de ser justicia. Un Tribunal Constitucional dividido en bloques, con tempos distintos según el asunto —desde resoluciones exprés hasta esperas de más de seis meses, como he vivido personalmente— deja de ser constitucional y convierte la Constitución en motivo de preocupación.
España siempre ha sido un país eléctrico. Ahora es un país donde el ascensor social está averiado, donde hay puertas giratorias y donde el feudalismo medieval se ha transformado en un feudalismo telemático. Hay teléfonos y cafés informales. Como decía Umbral, “España es un país que siempre llega tarde a sí mismo”. Y ahora puede llegar tarde a su propia democracia.
En este contexto, las resoluciones del Supremo, las del juez Peinado, la actuación de los fiscales y de la Audiencia Nacional generan extrañeza. Se trabaja en sábado para algunas cosas, mientras que para el ciudadano común los juzgados están cerrados. Y así está el país. Así se introduce el discurso del lawfare, el de los bulos, el de la policía patriótica. Los políticos utilizan los juzgados como arma arrojadiza en el Congreso. Es una irresponsabilidad. Esto sí es una dirty war, una guerra sucia.
La pregunta de Gabriel Rufián al presidente del Gobierno —“¿Usted está libre de pecado?”— tiene sentido, pero para todos.
La situación de la democracia en este país está en la UCI, y unas elecciones generales no la curarán. La oposición del PP ha sido reprobable, más de presa que de ideas. La de Vox, igual. Ninguno está libre de pecado, y así no se puede aspirar al poder sin poner en riesgo la democracia y la aplicación de la Constitución de 1978.
Mi ruego es mirar lo más alto posible para tener perspectiva: de la justicia y del sistema democrático entero. Y hacerlo ya. Porque los avestruces no son para el verano.