Aunque el cadáver de Fidel ha enterrado el de Rita, los beneficiarios directos del deceso de la valenciana no olvidan que vale todo a la hora de defenderse de la Justicia.
Avergonzado como me sentía el día 24 de noviembre por las palabras del Ministro del ramo cuando dijo que “cada uno tendrá sobre su conciencia las barbaridades que ha dicho sobre Barberá”, le pregunté en público si sabría estimar cuánto tiempo iban a tardar los del PP en cargarle a la muerta los “muertos” de una corrupción que ahora les acusaría solo a ellos. El señor Catalá no se dignó aunque conociera la respuesta, pero las “hienas” amenazadas por Hernando, lejos de asustarse, han seguido en pos de la verdad que nos irán contando unos recuerdos que ya nunca serán juzgados y que, por tanto, quedan sometidos a la “pena de telediario”, esa justicia moderna que tan imprescindible resulta para la democracia.
En cumplimiento de los pronósticos intuidos acabamos de conocer hoy, 30 de noviembre, que los mismos que aprovecharon la oportunidad de un infarto en el tiempo de descuento para silenciar al 80% de los diputados del Congreso, son los protagonistas del titular que, aunque no destacado como se merece, aparece en “El País”. Dice lo siguiente: “El PP declara que las donaciones de Rita Barberá y su grupo fueron ilegales. El auditor de la formación declara a petición del partido ante el juez de Taula”. El tal auditor, interno, del PP, se llama Carlo Luca, y la noticia confirma lo que anuncia su título. La declaración ante el juez Victor Gómez se produce porque el PP está imputado como tal en una causa que, junto a la financiación ilegal, persigue también el delito electoral.
Además del tamaño de la hipocresía, queda reforzada la convicción general de que los de Rajoy tienen más poder político del que les corresponde legalmente gracias a que han convertido en dinero para campañas electorales los delitos cometidos, muchos aún presuntos, otros ya sentenciados.
