La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ha cerrado la campaña 2021-22 en las Islas Baleares con un total de 1.258 infracciones detectadas en las 18.346 actuaciones que ha realizado en este ejercicio, 1888 más que las programadas inicialmente. Esta actuación ha generado una propuesta de sanción de 3.093.000 euros, un 37% más que en el ejercicio anterior, que beneficia directamente a más de 10.500 personas trabajadoras.
Éste fue uno de los principales resultados explicados por el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, tras la reunión de ayer de la Comisión Tripartita de Inspección de Trabajo, en la que participan el propio organismo estatal , el Gobierno y los representantes de los agentes económicos y sociales más representativos de las Islas. Negueruela ha presentado las cifras junto a la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Virginia Abraham, y el director del IBASSAL, Rubén Castro.
Uno de los principales aspectos a destacar es que la campaña 2021-22, ya ha superado las dificultades que se plantearon con la COVID-19, habiéndose logrado resultados por encima de 2019. En este contexto, en tiempo de trabajo se han detectado 505 infracciones, que han generado una propuesta de sanción de 540.000 euros y ha beneficiado a 3.807 trabajadores.
Además, la labor inspectora ha permitido recuperar, durante el curso 2021-2022, un total de 1.051.450 euros en salarios, más del doble que el pasado año, lo que ha permitido mejorar la situación de 3.807 personas trabajadoras con un incremento en sus percepciones salariales gracias a una regularización de sus nóminas. También se han abierto 35 actas de infracción a causa de los controles de los salarios que generan una propuesta de sanción de 177.026 euros.
Otro aspecto destacado ha sido la detección de 719 jornadas a tiempo parcial irregulares, que han visto ampliadas sus respectivas jornadas, beneficiando al mismo número de trabajadores.
Por lo que se refiere a la temporalidad, se han transformado 3.384 contratos temporales en indefinidos, de un total de 9.420 revisiones, lo que supone que casi 1 de cada 3 contratos revisados estaban en fraude de ley. Asimismo, se han detectado 47 infracciones que han generado una propuesta de sanción de 47.500 euros.
