Las Facultades de Bellas Artes de toda España, incluida la escuela universitaria Adema de Palma, han exigido al Ministerio de Educación la retirada del anteproyecto de ley que equipara las enseñanzas artísticas a las universitarias al considerar que traspasa «unas líneas rojas que suponen un duro ataque al sistema de calidad universitario», su coherencia y su autonomía, informa EFE.
Así lo advirtió Alfonso Ruiz, presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Bellas Artes de España, que se reúne esta semana en Murcia para abordar las consecuencias de esa reforma legal que, ha dicho, pretende una equivalencia «a todos los efectos”» entre títulos universitarios y no universitarios. En su opinión, la nueva norma es «redundante e innecesaria», ya que «estos títulos ya se encuentran integrados dentro del sistema universitario actual» a pesar de que para acceder a los mismos no se precisa de la EBAU como en el resto.
Ruiz ha exigido al Ministerio que emprenda «un diálogo real entre todas las partes, que nunca ha existido» para buscar un acuerdo partiendo de la necesidad de encontrar un espacio que regule las enseñanzas artísticas superiores, que llevan años reclamando soluciones, «pero no a costa de atentar contra el sistema universitario».
En ese sentido, ha insistido en que «el anteproyecto produce un profundo agravio comparativo por las diferentes exigencias de calidad, ingreso y acreditación del profesorado»; y pretende una equivalencia con funciones fundamentales de la universidad como son la investigación y la transferencia, «cuando estos centros no universitarios adolecen de la estructura y órganos necesarios que permitan su adecuado desarrollo y la acrediten».
Si la ley llega a aprobarse, ha advertido que la Conferencia de Decanos estará dispuesta a llevarla a los tribunales, y ha lamentado que el Ministerio «está insistiendo en adoptar la solución más difícil» a este problema, creando «dos sistemas con diferentes condiciones de acceso para alumnado y profesores, pero equivalentes en niveles educativos».
Ha puesto el foco también en los docentes, ya que «los estudios universitarios están impartidos principalmente por profesorado doctor e investigadores que cuentan con libertad de cátedra», mientras que la formación no universitaria depende de planes de estudios determinados por el Gobierno ya las comunidades autónomas.
Por todo ello, ha insistido en la necesidad de paralizar la tramitación de este anteproyecto de ley y «revisar en profundidad su articulado en diálogo y acuerdo entre todas las partes afectadas».
