El pasado 4 de octubre se adjudicaron los cinco lotes que conforman el contrato de limpieza y adecuación de torrentes, por valor de 2,4 millones de euros. Tras ello, hay que dejar transcurrir 15 días laborables -como marca la ley- para que cada empresa acredite la solvencia económica de su oferta. Posteriormente, se pasará a la firma y el contrato -que dura hasta finales de legislatura- entrará en vigor.
Fuentes de la conselleria apuntan a finales de octubre y principios de noviembre como fecha de arranque de las labores: casi cuatro meses después de la previsión inicial del propio Govern, el 15 de julio.
Un retraso que se origina por distintos problemas administrativos así como por el recurso contra las bases del contrato que interpuso el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL), y que ha preocupado e irritado tanto a la oposición como a los ayuntamientos, que llevan meses observando basuras, trastos y vegetación en el lecho de los torrentes.
Por su parte, el PP presentó en septiembre una moción en el Parlament instando al Govern a elaborar un Plan de mantenimiento adecuado de los torrentes y que se incrementara en 2018 la partida presupuestaria. Para los populares, ni la gestión era la adecuada ni el dinero destinado al mismo, suficiente.
La Cámara la rechazó pero la preocupación en el campo siguió en aumento a medida que avanzaba el calendario y se acercaban los cambios meteorológicos propios de la época: lluvias intensas y tormentas. En su retina, las consecuencias de los dos temporales del pasado mes de diciembre y enero, en los que se acumuló el 60 por ciento del agua que se recoge habitualmente en un año entero: inundaciones kilométricas en el Pla.
El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, habló entonces de diversos factores, como “el urbanismo a la carta” que obliga a algunos torrentes a cambiar su recorrido natural, pero reconoció la importancia del mantenimiento de los torrentes para evitar que se repitiesen los incidentes.
