Por su parte, Gómez destacó que se trata de un trabajo muy colaborativo donde "se han de poner en valor todas las competencias de los Consells en materia de vivienda, por ejemplo en exclusión residencial y vulnerabilidad habitacional". "En Menorca hay casi 11.000 personas en exclusión social, y la exclusión residencial no deja de ser una parte de la exclusión social, por lo que reivindicamos valentía con la Ley", declaró.
Burbuja inmobiliaria y devaluación de salarios
"La realidad de Balears es especial debido a la burbuja inmobiliaria y turística así que tendremos que empezar a tener en cuenta que no es lo mismo alquilar un piso en esta comunidad autónoma que a otra. Tenemos un mercado laboral absolutamente precario y devaluaciones salariales continuas. Todas estas circunstancias ligadas a la escalada de precios -ya que la Ley de Arrendamientos Urbanos actual prevé un plazo máximo para el inquilino de tres años- da aún más peso a la reivindicación del uso social de la vivienda ", afirmó la consellera, que también defendió que "la visión de las tres islas pequeñas (junto a Ibiza y Formentera) es coincidente y reivindicativa".
"Ahora contamos con un mes de exposición pública que aprovecharemos para introducir todas las carencias o mejoras que consideramos que se deben introducir", apostilló Gómez.