El Plan Territorial Insular es el libro gordo de Petete del urbanismo menorquín. Su padre, José María Ezquiaga, y el equipo de redactores que le acompañaban, marcó las bases en 2003 de una declaración de intenciones para la que se consiguió un consenso de todos los partidos políticos. La misiva era proteger Menorca del desastre urbanístico que se estaba contagiando en otros lugares como la costa española o el resto de las islas.
La cara negativa de este documento es que es como una maraña en la que los propios técnicos de urbanismo se enredan sin saber responder (al menos a corto término) qué se puede o qué no se puede hacer en suelo menorquín. Como estaba previsto, ha llegado el momento de echarle un vistazo al PTI para actualizarlo a la realidad de Menorca en 2017. De hecho, la modificación ya debería haberse puesto en marcha antes. La mejor opción fue llamar de nuevo a los autores del redactado que, en este momento, ya están por la labor de remozarlo.
Una gran idea que están propugnando desde el propio Consell es que asociaciones, entidades y ciudadanos tengamos la oportunidad de expresarnos aportando ideas, opiniones o sugerencias. Por eso hay una encuesta en marcha que ha permitido un centenar de propuestas firmes por parte de unas cuarenta entidades a las que se les ha preguntado su opinión, y también medio millar de respuestas on line de ciudadanos.
La isla no es la misma quince años después. Ahora hay que ver cómo incorporar temas no abordados antes como la regulación de las grandes bolsas de aparcamientos, el acceso a las playas que se complica en verano o cómo regular algunos temas espinosos como el alquiler turístico vacacional.
